«Debo ordenar que el señor Assange sea extraditado a Suecia», declaró ayer el juez Howard Riddle al anunciar su veredicto en el tribunal de Belmarsh, a las afueras de Londres.
Assange, vestido con traje azul marino, camisa blanca y corbata roja, escuchó la decisión con expresión pétrea, mirando fijamente al frente. «Vamos a apelar», respondió Geoffrey Robertson, uno de los miembros de su defensa, que ya habían anunciado su intención de agotar todos los recursos para evitar la extradición, al estimar que su cliente no sería sometido a juicio justo en Suecia.
El recurso será presentado en la Alta Corte de Londres en el plazo legal de siete días, con lo que el caso debería prolongarse. A la salida del tribunal, otro de sus abogados, Mark Stephens, se declaró «optimista» sobre sus posibilidades en apelación.
El creador de WikiLeaks, que se entregó a la policía en diciembre después de que la fiscalía sueca emitiera una orden de captura contra él, niega haber cometido los delitos —una violación y tres abusos sexuales— denunciados por dos mujeres, aunque admite haber mantenido relaciones consentidas con ambas durante una estancia en Estocolmo en agosto.
«El proceso y el manejo de estas acusaciones en Suecia merecen un examen serio», declaró Assange a la prensa, criticando duramente las euroórdenes. «¿Por qué estoy sometido a una fianza de 360.000 dólares? ¿Por qué me mantienen bajo arresto domiciliario cuando no he sido acusado en ningún país, cuando nunca he sido un fugitivo?», se preguntó.
Assange sostiene que el caso responde a motivaciones políticas tras la difusión en WikiLeaks y diarios de prestigio de miles de cables de la diplomacia de EEUU y documentos secretos sobre las guerras de Irak y de Afganistán.
