El Gobierno sirio ha aprobado hoy la derogación de la Ley de Emergencia, vigente en la república árabe desde 1963. Se trata de una medida que ya fue anunciada el pasado fin de semana por el presidente Bachar el Asad, pero que no parece que vaya a detener la violenta represión con la que el régimen baazista -que domina el país desde hace cuatro décadas a través de la dinastía de los Asad- está respondiendo a la ola de protestas.
Hoy mismo, horas antes del anuncio del fin del estado de excepción, el Ministerio del Interior ha pedido de nuevo a los sirios que no secunden ninguna protesta y les ha advertido que hará todo lo que la ley le permita para impedir que estas se produzcan.
Es el caso de Homs, una ciudad de alrededor de 700.000 habitantes situada en el centro del país, donde las fuerzas de seguridad abrieron fuego la pasada madrugada contra los millares de personas que habían salido a la calle para protestar contra el Gobierno y despedir a varios opositores fallecidos en otra protesta el pasado domingo.
También es el caso de la ciudad costera de Banias, donde se han reactivado las protestas tras el anuncio del Gobierno, según activistas pro derechos humanos.
Según testimonios de organizaciones humanitarias, la actuación las fuerzas de seguridad provocó al menos cuatro nuevas víctimas mortales en Homs, donde los choques se han prolongado hasta las seis de la madrugada locales (las cinco, hora peninsular española) para dejar a continuación una ciudad fantasma.
«Las calles están vacías», ha relatado este mediodía a Reuters un activista que denuncia la participación de milicias baazistas en la represión. Según su testimonio, que no ha podido ser verificado de manera independiente por las restricciones impuestas a los periodistas en Siria, las escuelas y comercios no han abierto hoy en la ciudad del centro de Siria.
Fin de la Ley de Emergencia
«No vamos a tolerar las actividades terroristas de estos grupos armados que atentan contra la seguridad de los ciudadanos. Impondremos con firmeza la seguridad y la estabilidad en todo el país, persiguiendo a los terroristas que serán llevados ante la justicia para poner fin a toda forma de rebelión armada», señalaba Interior. Horas después, en un nuevo comunicado, el Ministerio ha insistido en que empleará todos los medios que le da la ley para controlar la situación.
Los medios legales con los que cuenta el régimen ya no estarán, en todo caso, amparados por la Ley de Emergencia vigente desde hace casi medio siglo.
El fin del estado de excepción, una de las medidas que reclamaban los manifestantes, ha sido anunciado esta tarde a falta de la firma de El Asad. Con la Ley de Emergencia desaparecerá también el Tribunal Supremo de Seguridad del Estado, «una corte excepcional que niega el derecho a la apelación, limita el acceso a la ayuda legal y acepta confesiones bajo tortura», según un informe de la ONG Freedom House recogido por EFE.
En cualquier caso, el régimen baazista no se quedará sin medios para controlar las manifestaciones, ya que pretende aprobar una nueva legislación para regularlas. A falta de más detalles, el Ministerio de Interior ya ha anunciado a través de la agencia oficial que contar con su autorización será imprescindible. Dos abogados que han rehusado dar su nombre, han señalado a Reuters que la nueva legislación no prevé levantar la prohibición sobre el derecho de reunión.
Informes
En el habitual juego de informaciones y contrainformaciones, el Gobierno ha asegurado que cuatro militares y tres niños habían sido asesinados en la región de Homs a manos de «grupos criminales armados». Se trata de una denominación que el régimen ha venido empleando desde el estallido de las protestas, el pasado 15 de marzo, y que sitúa en el origen de las mismas.
Ayer, además, el Ministerio del Interior dio un paso más al asegurar en un comunicado difundido a través de la agencia oficial Sana que el país se enfrentaba a una «rebelión armada de grupos salafistas» (islamistas radicales de la rama suní que muchos Gobiernos árabes sitúan en la base de grupos terroristas como Al Qaeda).
