Los tres muertos de este conflicto se suman a otras tres personas —entre ellas un niño— que fallecieron el martes en la central ciudad de Huancavelica en una protesta estudiantil que desbordó en disturbios y en el incendio del edificio de la Gobernación.
Los campesinos alcanzaron a tomar ayer el aeropuerto antes de ser desalojados por la Policía antimotines, mientras que otro grupo quemó pastizales en los alrededores de la terminal, lo que obligó al cierre de las operaciones, constató la AFP.
El intento de toma del aeropuerto de Juliaca, a 1.300 km de Lima, forma parte de una serie de protestas —que lleva más de un mes— de campesinos que exigen que toda actividad minera y petrolera sea prohibida en el departamento andino de Puno.
En el caso de Huancavelica, la protesta se debió a que el Congreso aprobó una ley que quitaba recursos a la universidad estatal de esa ciudad para poder crear otra universidad en la cercana población de Tayacaja.
Un día después de los incidentes, la primera ministra Rosario Fernández señaló que no se tocarían los recursos del primer centro de estudios, con lo que se dio fin a la protesta.
Los conflictos sociales llevaron al Defensor del Pueblo en funciones, Eduardo Vega Luna, a criticar el jueves la gestión gubernamental, señalando que en los últimos cuatro años las manifestaciones sociales le han costado la vida a 88 personas. Esto incluye los 34 muertos de la amazónica ciudad de Bagua cuando la Policía intentó despejar el 5 de junio del 2009 una carretera tomada durante meses por manifestantes. De esos 34 fallecidos, 24 eran uniformados y 10 nativos.
«No podemos esperar que haya muertos para solucionar los conflictos sociales. Esa es una pésima respuesta del Estado», expresó Vega a la prensa. Esta situación se vive cuando el exmilitar izquierdista Ollanta Humala está a cinco semanas de convertirse en el nuevo presidente peruano.
Humala recordó que la Defensoría del Pueblo estableció que hay 227 conflictos sociales abiertos. Para el analista Santiago Pedraglio, «Humala tiene tres opciones ante esta represión social; conceder sin ton ni son, comprometerse en una política represiva o modificar de manera firme el papel que le cabe al Estado central en la relación entre inversión privada y los ciudadanos que protestan.
«Si el gobierno de Humala no encauza la demanda social, ésta se convertirá en un factor de desestabilización», dice en su columna en el diario Perú.21.
Más de un mes de protestas
-La protesta se inició en la frontera con Bolivia, que sigue bloqueada por campesinos que piden el retiro de la minera Santa Ana.
-El líder del movimiento, Wálter Aduviri, se encuentra en Lima y mantiene un diálogo con autoridades del Gobierno, sin resultados.
