La decisión de la minera canadiense Bear Creek de defender por la vía legal la concesión de una mina que el sábado le revocó el Gobierno peruano, enciende una luz de alarma sobre las inversiones, en momentos en que las protestas antimineras acorralan al Ejecutivo, estimaron analistas.
Bear Creek anunció, desde su sede en Vancouver, que no se quedará cruzada de brazos y que usará «todos los caminos disponibles» para explotar la mina de plata Santa Ana, en Puno, sureste de Perú, una región poblada por aymaras en la frontera con Bolivia.
Según el presidente de Bear Creek, Andrew Swarthout, la empresa «tiene la intención de defender inmediata y vigorosamente sus derechos en Santa Ana», incluyendo la ley peruana y lo dispuesto en el Tratado de Libre Comercio Canadá-Perú.
El gobierno de Alan García, en funciones hasta el 28 de julio, revocó la concesión al acoger demandas de los campesinos ambientalistas que piden prohibir la actividad energética y minera en Puno en favor de la agricultura, como condición para cesar una protesta iniciada a fines de mayo.
Puno enfrenta dos conflictos antimineros: el de los aymaras contra Bear Creek y el de Juliaca contra la minería aurífera informal, donde el viernes murieron cinco campesinos baleados por policías al intentar tomar el aeropuerto. En Juliaca la calma retornó este domingo luego que centenares de manifestantes retornaron a su localidad de origen.
