La comisión pública que recibió e investigó nuevas denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado en la dictadura del general Augusto Pinochet entregó un informe de 60 páginas al presidente Sebastián Piñera que incorporó otras 9.800 víctimas y 30 casos de personas desaparecidas o ejecutadas, las cuales se agregan a las que ya habían sido calificadas con anterioridad.
La Moneda dio escasa visibilidad al tema, mientras que las organizaciones de las víctimas criticaron el alto número de denuncias que fueron rechazadas por la comisión, más de 22.000.
«Esperamos que este informe de la comisión contribuya a la paz y la reconciliación», sostuvo el ministro de Justicia, Teodoro Ribera.
Desde el reinicio de la democracia en 1990, el Estado chileno ha tenido cuatro comisiones diferentes para reconocer a las víctimas y otorgarles una reparación. En total, sumando los casos de detenidos desaparecidos, ejecutados, torturados y presos políticos reconocidos por estas comisiones —sin considerar los exiliados ni las familias de todos los afectados—, el número de víctimas de la dictadura de Pinochet supera las 40.000 personas, de ellas 3.065 están muertas o desaparecidas entre septiembre de 1973 y marzo de 1990.
La Comisión recibió un total de 32.000 solicitudes, de las que certificó 9.800 tras examinarlas caso por caso.
