La voluntad sin precedentes de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, de enfrentar la corrupción cobró fuerza con la dimisión del Ministro de Turismo, el cuarto que deja el Gobierno en 100 días tras ser blanco de denuncias, y alienta un movimiento ciudadano.
«El grado de tolerancia de la Presidenta ante las denuncias de corrupción es menor que el de (su antecesor y padrino político Luiz Inacio) Lula (da Silva) y otros presidentes, que blindaban y protegían a los políticos denunciados», dijo a la AFP el secretario general de la ONG Contas Abertas, Gil Castello Branco.
«Si hay actos indebidos constatados en el Gobierno, adoptaré medidas», ha afirmado varias veces la Presidenta. El ministro de Turismo, Pedro Novais, se convirtió el miércoles en el cuarto forzado a renunciar tras denuncias de que pagaba a empleados de su casa con dinero del Congreso.
En agosto cayó el ministro de Agricultura, Wagner Rossi, tras denuncias sobre presuntos desvíos y sus relaciones con una empresa agraria; en julio el de Transportes, Alfredo Nascimento, también por denuncias de corrupción, y en junio dimitió el ministro jefe de Gobierno, Antonio Palocci, acusado de enriquecimiento cuando era diputado.
La actitud de la Presidenta de reclamar la salida del gabinete de sus ministros denunciados es un reflejo de una sociedad menos tolerante con la corrupción, y coincide con un movimiento ciudadano que comienza a organizarse, explicó el responsable de la ONG.
