Según el Partido Colorado, que gobernó Paraguay durante una centuria, casi la mitad de ella bajo la guía del dictador Alfredo Stroessner, no hay otro culpable de la violencia en el desalojo del viernes 15 que derivó en la muerte de seis policías y 11 campesinos en Curuguaty (departamento de Candineyú, noreste del país) que el presidente Fernando Lugo, quien siempre luchó por la reforma agraria en un país donde el 88% de la tierra está en manos de sólo el 2% de los propietarios.
“Hoy tenemos un país anárquico. El Partido Colorado siempre ha estado presente en los momentos históricos y es el único que puede reencauzar la estabilidad social en el país”, declaró Lilian Samaniego, presidenta del Partido, a medios asuncenos.
“Nosotros estamos en alerta, siguiendo paso a paso los acontecimientos. Estamos atentos y vamos a impulsar el juicio político”, remarcó. “Más que nunca, hace falta participar. Acá no se trata de decir que uno no es político. Acá se trata de decidir qué sociedad queremos para el país”, resumió la máxima dirigente colorada.
Instrucciones. Según afirman fuentes periodísticas y académicas paraguayas a La Razón, los diputados colorados han sido instruidos por sus autoridades partidarias de buscar en el Congreso la caída del primer presidente paraguayo en más de medio siglo que no pertenece a las filas del Partido Colorado.
El desalojo del 15 se realizó en una propiedad que no tiene titular legal reclamante. Por un recurso de usucapión o prescripción adquisitiva, el exsenador y político colorado Blas Riquelme quiso apoderarse de 2.000 hectáreas que debían pasar a manos del Estado. Nunca pudo obtener la titularidad. Riquelme fue presentado en todo momento durante el conflicto, por medios y fuerzas afines, como si fuera “propietario” de un terreno invadido por los Sin Tierra.
Así lo declaró ayer en conferencia de prensa el interventor del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Emilio Camacho. Resaltó la necesidad de que el Poder Judicial aclare la situación de dominio de esas tierras, como también se investiguen las acciones de los jueces y fiscales en el caso. La Corte Suprema de Justicia de Paraguay anunció que formará una Comisión Especial para investigar esas tierras.
