La Unasur envió ayer una misión de cancilleres a Paraguay para analizar la crisis provocada por la decisión del Congreso de abrir un juicio político sumario contra el presidente Fernando Lugo, que puede desembocar en su destitución y cuyo fallo será leído en la tarde de hoy.
El envío de la misión, que partió al final de la tarde de ayer, fue decidido en una reunión extraordinaria convocada por los presidentes de los países de la Unasur que aún permanecían en Río de Janeiro para la Conferencia de la ONU sobre Desarrollo Sostenible Río+20, informaron fuentes oficiales.
La decisión de los jefes de Estado fue comunicada en una rueda de prensa por el ministro de Exteriores de Brasil, Antonio Patriota, quien junto con el canciller boliviano, David Choquehuanca integra el grupo.
El presidente paraguayo Lugo enfrenta un proceso de destitución que fue organizado a toda velocidad por el Congreso, bajo la acusación de “mal desempeño en sus funciones” por la muerte, el viernes 15, de 17 personas, entre campesinos y policías, en una operación de desalojo de «sin tierras» en una hacienda del nordeste del país.
Proceso. En apenas cinco horas, la Cámara de Diputados promovió por abrumadora mayoría un «juicio político», el Senado se constituyó en «tribunal» y fijó un calendario de proceso que concluye hoy a media tarde con la sentencia a Lugo.
Ayer, al finalizar la tarde, los cinco diputados designados como fiscales presentaron las razones y pruebas para la destitución del Presidente, quien rehusó a presentar su dimisión y dijo que se iba a someter al proceso, contemplado por la Constitución del país, «con todas sus consecuencias».
La Constitución paraguaya de 1992 establece el derecho del Senado de destituir al jefe de Estado, al vicepresidente, los ministros del Poder Ejecutivo y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por la vía del juicio político. En su artículo 225, la Carta dispone que esas autoridades «sólo podrán ser sometidas a juicio político por mal desempeño de sus funciones, delitos cometidos en el ejercicio de su cargo o delitos comunes».
Líderes campesinos de Paraguay anunciaron marchas hacia Asunción en defensa de Lugo, quien congregó a cientos de personas ante el Congreso.
En su mensaje a la nación tras la resolución de los diputados, Lugo apostó por «honrar la voluntad de las urnas» y evitar que «una vez más en la historia de la República, un hecho político robe soberanía al pueblo».
Rodeado de algunos de sus ministros y jefes militares, Lugo pidió al Legislativo evitar un procedimiento que pueda ser «contrastado por la historia» cumpliendo con los «trámites y plazos» que le ofrezcan «toda la garantía de una justa y legítima defensa».
El Apoyo de organismos regionales
OEA. El secretario general, José Miguel Insulza, declaró que la estabilidad institucional lograda en la región debe ser protegida.
Unasur. El secretario general, Alí Rodríguez, dijo que el bloque puede «aplicar un protocolo contra golpe de Estado en Paraguay».
