Hoy murió un hombre de 29 años que resultó herido de bala en la boca el martes en la provincia de Celendín, que junto a las de Hualgayoc y Cajamarca están bajo estado de emergencia, declarada por el gobierno por un plazo de 30 días, durante los que están prohibidas las reuniones públicas y se suspende el derecho de inviolabilidad del domicilio.
Tres personas fallecieron en Celendín el martes y una cuarta el miércoles en Bambamarca, capital de Hualgayoc, todas por disparos de armas de fuego de la policía antimotines.
Los heridos por el conflicto ya suman 45 y los detenidos 25, según informes de las autoridades regionales.
Organismos de derechos humanos, la Iglesia católica y líderes políticos llamaron a dialogar y concertar posiciones ante la escalada de violencia en tres provincias de Cajamarca.
La Defensoría del Pueblo nacional pidió el jueves a los líderes de Cajamarca y al gobierno central que «propicien condiciones para poner en marcha una ronda de conversaciones constructiva y de buena fe».
Por su parte, la Conferencia Episcopal Peruana, órgano máximo de la Iglesia católica, también hizo una invocación «a todos los actores del conflicto para dejar los discursos que incitan a la violencia y reflexionar sobre soluciones concertadas».
«La situación es en extremo grave porque pareciera que para el gobierno los conflictos se solucionan con muertos», dijo a la AFP Miguel Jugo, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
Jugo planteó que la Iglesia católica pueda actuar de mediadora para poner fin al conflicto: «Esa mediación es perfectamente viable para avanzar hacia la pacificación de la zona».
Hasta el momento 17 civiles murieron en conflictos sociales en distintos lugares del país desde que Ollanta Humala asumió la presidencia en julio del año pasado, anotó Jugo.
El primer ministro, Oscar Valdés, dijo que «el gobierno siempre tuvo voluntad de diálogo para solucionar el conflicto» aunque el ejecutivo peruano no ha logrado aún establecer un mecanismo de concertación.
Por su lado, en Cajamarca, el presidente regional Gregorio Santos, líder principal de las protestas, dijo este jueves que con la muerte de cinco personas «el proyecto Conga de la Newmont se ha manchado de sangre y no puede ejecutarse».
Santos es señalado por el gobierno como el mayor responsable de los actos de violencia registrados en esa región norteña y es acusado de actuar políticamente en beneficio propio.
El ex presidente peruano Alejandro Toledo también llamó a la Iglesia a intervenir como mediadora para acercar a las partes en el conflicto en Cajamarca. «El diálogo debió haber sido mucho antes, no después de que el incendio está dado», reclamó Toledo. «La Iglesia goza de credibilidad para restablecer el diálogo», consideró.
Uno de los líderes de Cajamarca, el ex sacerdote ambientalista Marco Arana, quien denunció haber sido detenido y golpeado el miércoles por la policía, fue puesto en libertad este jueves.
En casi un año en el poder, Humala ha decretado tres veces el estado de emergencia ante problemas sociales, fundamentalmente vinculados a la minería.
Es la segunda ocasión en que el régimen de excepción se aplica en Cajamarca, luego de que en noviembre fuera impuesto por protestas contra el mismo proyecto Conga, de la estadounidense Newmont.
El proyecto es rechazado por las comunidades cajamarquinas, que temen que afecte el medioambiente de la región, incluyendo las fuentes de agua.
El mayor punto de conflicto es la desaparición de cuatro lagunas que, según el proyecto, deberían ser secadas para facilitar la tarea de extraer oro y cobre del subsuelo, y construir a cambio cuatro lagunas artificiales que garanticen el abastecimiento de agua.
La empresa Yanacocha, controlada por Newmont, iniciará la construcción del primer reservorio en las zonas altas de la región como paso previo a la ejecución del proyecto, en el que piensa invertir 4.800 millones de dólares.
A fines de mayo se decretó la emergencia en la provincia surandina de Espinar ante masivas protestas contra la minera suiza Xstrata.
