En las elecciones administrativas de octubre en Brasil será aplicada por primera vez la llamada Ley del Expediente Limpio, que impide presentarse a los comicios a candidatos que hayan sido condenados en segunda instancia, aunque todavía tengan derecho de recurrir.
Al menos unos 2.000 políticos se verán afectados por esta medida, que supone un duro golpe para un sistema que hasta ahora permitía que políticos acusados de corrupción y condenados en alguna instancia judicial optasen a nuevos cargos. Actualmente, el 25% de los diputados brasileños son investigados por corrupción. Antes, personas acusadas incluso de crímenes graves se presentaban como candidatos a cargos políticos para ampararse en el fuero que les permite ser procesados sólo por el Tribunal Supremo.
