«íEscúcheme país, escúcheme Ecuador: Si tengo que pedir licencia como presidente para ser el primer ciudadano en estar en las calles para que se sancione la corrupción, dirigir la protesta ciudadana ante este nuevo abuso de la partidocracia moribunda, así lo haré!», declaró el gobernante, quien en julio denunció el caso.
Al entregar ante el Parlamento su informe anual de labores, en el que el jefe de Estado y varios de sus ministros hablaron unas cinco horas, Correa señaló que «no permitiremos que la impunidad vuelva a imponerse en el país».
En el proceso de habilitación para los comicios del 17 de febrero próximo, en los que Correa podría aspirar a la reelección hasta 2017, las agrupaciones políticas debieron presentar hasta julio pasado unas 157.000 firmas válidas (1,5%) de electores.
Ante la detección de miles de firmas fraudulentas en un muestreo del 10% de las listas, el máximo Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió el lunes verificar el 100% de las rúbricas de apoyo de once agrupaciones, incluido el movimiento oficialista Alianza País (AP) que presentó alrededor de un millón de autógrafos.
Ese mismo día, el mandatario expresó en calidad de director nacional de AP que «apoyamos la resolución del CNE de revisar el 100% de las firmas» e insistió en su denuncia del «colosal fraude político».
«No vamos a permitir que se le robe su firma, su identidad, su voluntad al ciudadano», añadió el gobernante, quien llamó entonces a sus simpatizantes a una vigilia permanente y a una concentración en Quito para el 22 de setiembre.
Tras la revisión de todas las rúbricas, el CNE dará plazo hasta el 24 de setiembre a los partidos afectados para que reúnan el respaldo de al menos el 1,5% de los electores.
