La violencia en los penales de Venezuela se cobró la vida en el primer semestre del año de 304 presos y dejó heridos a otros 527, un repunte de 15 % en relación al mismo período de 2011, denunció hoy el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
«Esto evidencia que el Estado no salvaguarda la vida de los internos y ni siquiera de sus propios funcionarios, porque este año han matado a los directores de las prisiones de las ciudades de Mérida (oeste), Santa Ana (sur) y al jefe de Régimen del Internado de Barinas (oeste)», dijo en rueda de prensa el director de OVP, Humberto Prado.
Esta instancia, formada por varias organizaciones no gubernamentales (ONG), sostiene que además de los 560 presos muertos y 1.457 heridos que contabilizó durante 2011, las 35 prisiones venezolanas albergan a unos 45.000 internos pese a que su capacidad es de 15.000.
El conflicto más grave de la actualidad persiste en la cárcel de Mérida, dijo al detallar que medio centenar de presos se ha cosido la boca con hilo quirúrgico en protesta, entre otras cosas, por haber sido trasladados desde la cárcel caraqueña El Rodeo III, inaugurada el año pasado y supuestamente considerada por ello «prisión modelo».
Acompañado de unos dos centenares de personas que dijeron ser familiares de los 650 reclusos de El Rodeo III, Prado denunció que allí y en otras prisiones «se tortura y maltrata y no solo a los presos sino también a sus padres e hijos, porque parece que la política del Estado es aterrorizar para imponer el orden», remarcó.
La denuncia fue secundada por Carolina Jiménez, quien se presentó como portavoz de los presos del penal reconstruido luego de que hace un año casi un millar de presos armados resistió allí durante un mes un cerco militar sin precedentes de 5.000 soldados para recuperar el control del recinto tras una reyerta que dejó 22 muertos.
El episodio puso al descubierto la situación extrema en las cárceles venezolanas y llevó al Gobierno del presidente Hugo Chávez a crear el Ministerio de Servicios Penitenciarios y nombró como su titular a la exdiputada Iris Varela.
El Gobierno venezolano ha admitido que tiene «un grave problema» para controlar las prisiones por el ingreso de armas y todo tipo de elementos, aunque asegura que está tratando de reestructurar el sistema carcelario.
