El sindicato de empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores se unió hoy a una ola de huelgas desatadas en el sector público de Brasil y aseguró que la paralización tiene apoyo en embajadas y consulados de América, Europa, Asia y Oceanía.
La huelga es respaldada por el personal que no forma parte del cuerpo diplomático, que exige aumentos salariales de entre un 30 y un 45 por ciento y una revisión del sistema de ascensos, indicaron fuentes sindicales.
El gremio aseguró que la huelga es apoyada por empleados de embajadas y consulados en Argentina, Paraguay, España, Portugal, Bulgaria, Bélgica, Italia, Israel, India, Reino Unido, Australia, Siria y el Líbano, entre otros países, lo cual no fue confirmado por fuentes oficiales.
Según el sindicato, la paralización afecta la emisión de visados y pasaportes consulares, entre otros servicios, y se mantendrá por tiempo indefinido, hasta que el Gobierno discuta sus exigencias.
La huelga se suma a la que mantienen, en algunos casos desde hace meses, diversos sectores de la administración pública, como algunos departamentos de la Policía Federal, de una docena de ministerios, de universidades y la administración tributaria, entre otros.
Las demandas son tan diversas como los propios sectores en huelga y llegan a exigencias de alzas salariales en torno al 45 por ciento.
El Gobierno alega que no está en condiciones de atender demandas de esa naturaleza debido a recortes presupuestarios impuestos por la delicada coyuntura económica internacional.
No obstante, ha ofrecido a algunos de los sectores en huelga una serie de alzas salariales escalonadas, que en ninguno de los casos llegan a lo que exigen los sindicatos.
Según la Confederación Nacional de Trabajadores del Servicio Público Federal (Condsef), a las diversas huelgas se han adherido unos 370.000 de los 800.000 empleados públicos, aunque el Gobierno sostiene que ese número no llega siquiera a 80.000.
El Ministerio de Planificación, responsable de las negociaciones con los gremios, ha endurecido su posición y advirtió hoy que unos 11.000 empleados de diversos ministerios pueden ser sancionados y tener descontados de sus salarios los días en que, alegando estar en huelga, no comparecieron a sus puestos de trabajo.
Las negociaciones se habían suspendido y fueron retomadas esta semana, con la previsión de que concluyan antes del 31 de agosto próximo, cuando el Gobierno enviará al Congreso su presupuesto para 2013, que deberá incluir la previsión de gastos con los salarios de los empleados públicos.
La más prolongada de estas protestas la mantienen los profesores de las universidades públicas del país, que esta semana cumplió tres meses, aunque los sindicatos se han dividido y algunos de los centros de estudio han retomado las actividades en los últimos días.
