La Justicia argentina investiga a la presidenta Cristina Fernández y otros funcionarios por las restricciones impuestas a la compra de divisas y la autorización para usar las reservas para pagar deuda, confirmaron hoy fuentes ligadas a la causa.
El fiscal Carlos Stornelli imputó a la mandataria, a la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, al secretario de Comercio, Guillermo Moreno, y al titular del Fisco, Ricardo Echegaray, a raíz de una denuncia judicial presentada por la líder de la opositora Coalición Cívica, la diputada Elisa Carrió.
«Stornelli consideró que la denuncia era lo suficientemente sólida como para abrir una investigación», indicaron a Efe fuentes de la agrupación política.
El fiscal investiga si las resoluciones que dispusieron el uso de reservas del Banco Central para el pago de deuda externa constituyeron actos perjudiciales para el valor del peso argentino.
Para ello, el fiscal pidió un peritaje sobre las transferencias del Banco Central al Gobierno y sobre el nivel de las reservas.
El Senado de Argentina convirtió en ley en marzo pasado una reforma de la carta orgánica del Banco Central que permite al Tesoro disponer de más recursos para financiarse y eliminó la obligación que tenía la entidad de mantener las reservas necesarias para respaldar la totalidad del dinero en circulación.
Desde 2010 Argentina utiliza «reservas excedentes» del Banco Central para cancelar compromisos de deuda con entes crediticios a raíz de las dificultades del país para acceder a aportes de organismos internacionales desde 2001, cuando declaró un cese de pagos en medio de una profunda crisis económica.
La diputada Carrió también pidió en su presentación que se investigue la aplicación de restricciones a la compra de dólares, las cuales limitaron «de manera arbitraria, irrazonable e ilegal el acceso al mercado cambiario», postula la denuncia divulgada por el periódico Clarín.
Esas restricciones son «una discriminación arbitraria y manifiesta» en perjuicio de los argentinos y «a favor de los tenedores del bono Boden 2012», evaluó la diputada.
El Ejecutivo argentino impuso las primeras restricciones cambiarias destinadas a «desdolarizar» la economía y evitar la fuga de divisas en noviembre de 2011 y las endureció el mes pasado, con la prohibición de comprar divisa extranjera para atesoramiento y para la adquisición de inmuebles y el aumento de los controles sobre quienes solicitaban dólares para salir de viaje.
Las restricciones impulsaron el mercado negro de compra de divisas con un consecuente aumento del precio del llamado dólar paralelo, que actualmente supera los 6 pesos, mientras que el oficial se ubica en 4,64 pesos.
