Colombia se lanzó esta semana nuevamente en pos del sueño de buscar una negociación de paz con la guerrilla comunista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para poner fin a casi medio siglo de sangriento conflicto armado, con contactos preliminares puestos en marcha por Santos.
El Mandatario sorprendió el lunes al país al revelar que inició “conversaciones exploratorias” con las FARC, la principal guerrilla del país y la más antigua de América Latina, con objetivo de “buscar el fin del conflicto”.
Sin embargo, de acuerdo con el director del programa de Seguridad Regional de la ONG de derechos humanos Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Adan Isacson, —que acompaña el conflicto hace 14 años— el proceso no será sencillo.
Es probable, explicó a Folha, que después de un eventual acuerdo de paz, unidades de las FARC se rehusen a aceptar el acuerdo y permanezcan operando como cuadrillas ilegales, tal como ocurrió durante la desmovilización de los grupos paramilitares llevada a cabo por el expresidente Álvaro Uribe (2003).
Más aún, “una minoría significativa” puede optar por seguir con sus negocios con el narcotráfico, especialmente los que controlan los corredores de droga, que son responsables por el recrudecimiento de la violencia en Colombia, señaló Isacson, al cuestionar la capacidad de los líderes de la guerrilla para desmovilizar a la mayor parte de sus militantes.
“Si el proceso (de paz) funciona, el número de este tipo de ‘unidades’ debe ser minimizado”, indicó el Director de la ONG WOLA al diario brasileño.
En Colombia, la posibilidad de lograr un acuerdo de paz ha infundido esperanza en la sociedad colombiana. De acuerdo con una encuesta realizada esta semana, el respaldo a una salida negociada al conflicto creció ocho puntos, desde el 52% registrado en junio a un 60%.
Del otro lado, el porcentaje de colombianos que apuestan por una derrota militar de la insurgencia se redujo en los últimos dos meses del 44% al 37%, de acuerdo con la encuesta bimestral de la firma Gallup difundida el viernes, según informó AFP.
La sociedad civil debe ser incluida en el proceso
EFE
El izquierdista movimiento social y político Marcha Patriótica de Colombia exigió que el incipiente proceso de paz en el que trabajan el Gobierno colombiano y las FARC incluya a la sociedad civil como “tercer actor político”.
Una de sus cuatro portavoces, la exsenadora y mediadora ante la guerrilla en unas 20 liberaciones de secuestrados, Piedad Córdoba, leyó un comunicado en el que la Junta de la Marcha Patriótica declara su intención de vincularse “activamente como movimiento” en la mesa de diálogo.
“El Gobierno tiene que escuchar al poder popular que se va a expresar de muchas formas”, dijo Córdoba, al precisar que la participación del movimiento iría de la mano de organizaciones como la minga indígena y agrupaciones de víctimas civiles, entre otras.
Condición. Según la exlegisladora, separada de su cargo en 2010 por la Procuraduría por supuestos nexos con las FARC, la participación de estos grupos tendría lugar “cuando ya esté absolutamente claro que el proceso avanza más allá de los diálogos”.
Córdoba agregó que el movimiento de izquierda trabaja desde hace meses en “constituyentes regionales y sectoriales” que exploran salidas al conflicto y que confluirán en una asamblea nacional a finales de año, porque el país precisa de una reforma para tratar asuntos clave en el origen del conflicto. El Ejecutivo rechazó esta iniciativa.
