El Relator Especial de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, pidió a Argentina que cese los desalojos de indígenas de sus tierras, en la presentación de un informe de su visita a ese país, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU este martes en Ginebra.
«Suspendan todos los actos procesales o administrativos de desalojo de comunidades indígenas hasta que se realice el proceso de relevamiento técnico-jurídico de las tierras ocupadas por pueblos indígenas», solicita el informe.
«La grave inseguridad jurídica de tierras indígenas se ha reflejado en el alto número de desalojos de comunidades indígenas», afirma el informe, elaborado tras una misión de Anaya a la Argentina en 2011, donde visitó Buenos Aires y 10 de las 23 provincias que constituyen la república, y recogió alrededor de 170 testimonios.
La delegación de Argentina respondió que mediante la Ley de Emergencia 26.160 los desalojos de esas tierras han sido suspendidos hasta el 23 de noviembre de 2013, pero admitió que «luego de verificar la ausencia de los requisitos exigidos, han ordenado desocupaciones».
El Defensor del Pueblo de Argentina manifestó que «sigue recibiendo denuncias», y que «integrantes de la comunidad mapuche Lof Paichil Antriao de Neuquén, del pueblo Qom de Formosa, del pueblo Omaguaca de Jujuy y del Wichí de Salta, han efectuado reclamos» por incumplimiento de la mencionada ley.
Rodrigo Gomez Tortosa, de la ONG argentina Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), dijo a la AFP que esa ley «tiene un escaso nivel de ejecución», y denunció «las amenazas y agresiones que sufrió el dirigente indígena de la comunidad Qom, Felix Díaz», quien «mantiene un conflicto» por usurpación de tierras con autoridades de la provincia de Formosa.
Según datos oficiales, los indígenas en Argentina serían 600.329, el 1,7% de la población, aunque otras fuentes consultadas por Anaya los cifran en 2 millones, para constituir unos 30 pueblos autóctonos, asentados preferentemente en provincias del norte y sur del país.
Los problemas de los indígenas en Argentina derivan «de la desposesión histórica de grandes extensiones de sus tierras por estancieros y por la presencia de empresas agropecuarias, petroleras y mineras que operan en tierras reclamadas por comunidades» que «no cuentan con un reconocimiento legal de sus tierras acorde a sus formas de uso y ocupación», concluye el informe de Anaya.
