El martes, el Consejo de Política Criminal de Colombia (conformado por el Gobierno, las cortes, la Fiscalía, la Procuraduría y la Policía, entre otras instituciones) empezará a discutir un extenso documento sobre la despenalización del aborto, elaborado por una comisión encabezada por el viceministro de Justicia, Farid Benavides, según informó el diario colombiano El Tiempo.
El informe, publicado en la página web del ministerio, plantea una revolucionaria posición frente a la polémica decisión de dejar de perseguir a las mujeres que deciden abortar o concentrar esfuerzos en campañas de prevención y educación sexual.
“Es indudable que para evitar los abortos clandestinos y amparar los derechos de las mujeres, Colombia requiere una despenalización mucho más amplia que la que actualmente existe de interrupción voluntaria del embarazo”, cita el documento.
Según un estudio del Instituto Guttmacher, cada año 132 mil mujeres sufren complicaciones de salud por abortos clandestinos, cifra que representa el 30% de las mujeres que abortan ilegalmente en el país.
El estudio utilizó estadísticas sobre el aborto en Colombia y las comparó con las de los países donde ese procedimiento está despenalizado. Las cifras, señala el documento, “muestran que las leyes altamente restrictivas no están asociadas con bajos índices de abortos efectuados” y que “la prohibición absoluta no evita los abortos. Por el contrario, hace que se realicen en condiciones precarias de clandestinidad”.
