El expresidente peruano Alberto Fujimori fue trasladado hoy de vuelta a la prisión después de que fue dado de alta en el hospital donde fue tratado de una lesión en la lengua.
Fujimori, que había ingresado el pasado 19 de septiembre, salió de la clínica San Felipe en una ambulancia del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y fue escoltado por cinco camionetas de la policía.
El exmandatario, condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad dijo, en una carta leída hoy por su hija Keiko Fujimori, que abandonaba la clínica después de haber superado satisfactoriamente las complicaciones que presentó por la cirugía a la que fue sometido en agosto.
Fujimori también anunció, en palabras de sus hijos Keiko y Kenji, que ha decidido pedir en los próximos días un indulto humanitario al presidente peruano, Ollanta Humala, por motivos de salud.
Keiko dijo que su padre «es un paciente con cáncer de alto riesgo, ha tenido cinco operaciones, en 1997 y en 2007 se le encontraron carcinomas in situ y en las tres últimas fue por displasia».
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, César San Martín, dijo que corresponde a Humala evaluar el pedido de la familia Fujimori y pidió que «Dios lo ilumine para que haga una decisión ponderada».
San Martín había comentado horas antes que Fujimori podría recibir el indulto presidencial, aunque no esté moribundo y siempre y cuando el mandatario tenga a bien entregárselo.
«Esperemos que su decisión sea sabia y contribuya a la reconciliación nacional», opinó el alto magistrado.
No obstante, los familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, por las cuales fue condenado Fujimori, rechazaron que se le otorgue ese beneficio.
El expresidente Fujimori tiene una condena por delitos de lesa humanidad a raíz del asesinato de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, cometidas por el grupo paramilitar Colina, y el secuestro de un periodista y un empresario en 1992.
Además, tiene otras sentencias por delitos de corrupción, derivados de la mafia encabezada por su exasesor Vladimiro Montesinos, pero prevalece la condena de 25 años de cárcel por los abusos a los derechos humanos.
