Con el objetivo de combatir el terrorismo, el Congreso peruano aprobó ayer una ley que sanciona con penas de entre 20 y 35 años de privación de libertad a las personas que financien actividades ligadas al terrorismo o realicen acciones con ese fin.
La Ley Penal Antiterrorista 25475 es una herramienta legal que el Estado podrá utilizar para combatir este delito, tanto a nivel externo como interno, según el reporte de El Comercio.
Según la norma, se tipifica como financiamiento del terrorismo “el que por cualquier medio, directa o indirectamente, al interior o fuera del territorio nacional, voluntariamente provea, aporte o recolecte fondos, recursos financieros o económicos o servicios financieros o servicios conexos con la finalidad de cometer cualquiera de los actos terroristas definidos en tratados de los cuales el Perú es parte o la realización de los fines de un grupo terrorista, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinte ni mayor de veinticinco años”.
Es decir, aquellos que en el exterior realizan actividades o colectas para financiar en el Perú movimientos proterroristas también serán sancionados.
El proyecto, aprobado por 102 votos a favor y dos abstenciones, establece penalidades para los delitos de terrorismo en materia de financiamiento bajo dos categorías: leve y agravado. El primero será sancionado con pena de cárcel no menor de 20 ni mayor de 25 años.
En la modalidad agravada la sanción se eleva de 25 años como mínimo hasta 35 años “si la persona que ofrece u otorga recompensa por la comisión de un acto terrorista es un funcionario o servidor público”, de acuerdo al reporte de Perú21.
El proyecto quedó apto para la segunda votación, que se llevará a cabo en las próximas semanas, informó El Comercio
