El Gobierno de Colombia denunció ayer la apropiación y adjudicación irregular de entre 70 mil y 100 mil hectáreas (ha) de tierras baldías del Estado en favor de personas acaudaladas y no de campesinos pobres.
Estas cifras resultan de un estudio realizado junto con la Fiscalía y el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (Incoder) en tierras entregadas en el periodo 2007-20011 en el departamento de Antioquia, informó el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo.
La legislación agraria establece que los beneficiarios de las tierras del Estado deben ser “campesinos pobres” que las vayan a emplear con fines agrarios. “Se entregó (tierras) a personas que tenían importantes recursos patrimoniales, se entregaron más hectáreas de las cantidades mínimas permitidas por ley se quebrantaron muchas normas legales”, indicó.
Restrepo advirtió que esta práctica irregular, en la que supuestamente están involucrados funcionarios del Incoder y terceros con los que se aliaron, no se restringe a esa región.
Por el contrario, dijo, el “uso abusivo de los baldíos públicos” es algo “bastante generalizado”, a través del acaparamiento indebido de tierras baldías y la adjudicación irregular de terrenos fiscales, por lo que las autoridades han comenzado a investigar más casos de este tipo en otras regiones. El Gobierno, agregó, ya ha interpuesto denuncias penales e iniciado acciones disciplinarias contra los involucrados en estos hechos irregulares.
