El ex primer ministro de Italia Silvio berlusconi fue condenado a 4 años de cárcel y a entre 3 y 5 años de prohibición del desempeño de distintos cargos por un delito de fraude fiscal en la compra-venta de derechos de películas en el llamado caso Mediaset.
El político y empresario, de 76 años, quien el miércoles anunció su renuncia a presentarse para ser elegido de nuevo primer ministro en los comicios del 16 de diciembre, fue conminado además a pagar de modo provisional $us 13 millones al fisco italiano.
Berlusconi apelará a la ley sobre indultos 241, por la que se le condonarán 3 de los 4 años de prisión y el año restante, así como la inhabilitación para cargos a la que ha sido condenado no se aplicarán hasta que la sentencia sea confirmada en una tercera instancia.
En concreto, fue inhabilitado durante 3 años para cargos en entidades jurídicas y empresas y se le prohibió el contacto con la administración pública durante el mismo periodo, mientras que son cuatro los años de inhabilitación en materia de asistencia tributaria y cinco en cargos públicos oficiales.
Caso. La condena está relacionada con la compraventa de los derechos de transmisión de películas estadounidenses por parte de Mediaset (el grupo audiovisual de Berlusconi) entre 1994 y 1999, bajo la sospecha de un aumento artificial del precio real de los derechos para evadir dinero al fisco y desviarlo a cuentas en el extranjero.
Según el tribunal que juzgó al político, “los derechos (audiovisuales) pasaban de mano en mano y se aumentaban de modo injustificado. Eran traspasos carentes de una función comercial. Servían sólo para que se elevara su precio”.
Los magistrados cifran además en 17.500 millones de liras en 2000 y $us 15,52 millones entre 2001 y 2003 la cantidad de dinero objeto de esta “evasión muy considerable” en la que participó el ex primer ministro italiano.
La adquisición de los derechos por valor de $us 608 millones para el grupo empresarial Fininvest al que pertenece Mediaset se realizó a través de dos sociedades extranjeras, la Principal Network Communication y la Principal Network, y de otros intermediarios, entre ellos Agrama.
Los jueces estiman que este sistema permitió a Mediaset, el grupo audiovisual italiano al que se le vendieron después esos derechos comprados a las productoras estadounidenses, inflar los costes, creando así “fondos ocultos” que evadir al fisco italiano.
Proceso. El juicio, que se inició en 2006 y sufrió numerosas interrupciones, se reanudó en febrero de 2011 tras varios meses suspendido por la ley del “legítimo impedimento”, escudo judicial del que se sirvió Berlusconi cuando ocupaba la jefatura del Gobierno y que quedó parcialmente invalidado.
En un comunicado conjunto, la defensa de Berlusconi definió la sentencia como “absolutamente increíble” porque no tiene en cuenta la decisión de la Justicia en otro proceso relacionado, el Mediatrade, en el que, tanto en Milán como en Roma, el ex primer ministro quedó libre de cargos.
El actual caso era uno de los tres procesos que Berlusconi tenía abiertos en Italia junto al del llamado caso Ruby (abuso de poder e incitación a la prostitución de menores) y al de la publicación de escuchas telefónicas de procedencia ilícita en el diario Il Giornale.
Para Berlusconi, ésta es su cuarta condena en primer grado de un total de 33 procesos, aunque hasta el momento no cuenta con ninguna sentencia en firme, y se ha beneficiado de la prescripción de los delitos de los que se le acusaba en seis casos, el último en febrero en el caso Mills por corrupción en acto judicial.
