El Estado salvadoreño pidió perdón hoy y reconoció su responsabilidad por la desaparición forzada de los hermanos Contreras y otros tres niños durante la guerra civil (1980-1992), en cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
«En nombre del Estado salvadoreño pido perdón» a las familias de las víctimas, expresó el ministro salvadoreño de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, en un acto celebrado en San Vicente, 60 kilómetros al este de San Salvador, donde desaparecieron en 1982 los hermanos Contreras.
Martínez dijo que la petición de perdón es «consecuencia de los hechos aquí reconocidos, en razón de la práctica de la desaparición forzada de cientos de niños y niñas durante el conflicto armado interno», y añadió que la hacía en su calidad de canciller y «por instrucciones del presidente de la República, don Mauricio Funes».
También «pido perdón a los cientos de familias que fueron víctimas de la separación forzada de niños y niñas» durante la guerra; «a estas familias que sufrieron el infinito dolor de ser golpeadas por la desaparición de sus seres más queridos, más vulnerables y más inocentes», recalcó.
El acto se celebró en los alrededores del parque central de San Vicente, ante la presencia de familiares de las víctimas, funcionarios del Gobierno y dirigentes de la no gubernamental Asociación Pro-Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos.
Con esta petición de perdón, el Estado salvadoreño cumple la sentencia de la CorteIDH, emitida el 31 de agosto de 2011, por el «Caso Contreras y otros versus El Salvador», derivado de la desaparición forzada de seis niños y niñas ocurridas entre 1981 y 1983.
Las víctimas son los hermanos Gregoria Herminia, Serapio Cristian y Julia Inés Contreras Recinos, que tenían 4 años, 20 meses y 4 meses de edad, respectivamente, cuando desaparecieron el 25 de agosto de 1982 durante una operación militar en varios municipios del departamento central de San Vicente.
También se cuentan las hermanas Ana Julia (14 años) y Carmelina Mejía Ramírez (7), desaparecidas durante la masacre de El Mozote, ocurrida en diciembre de 1981 en el departamento oriental de Morazán, y José Rubén Rivera (3), en 1983 en San Vicente.
Los seis niños fueron secuestrados en medio de operativos de contrainsurgencia que realizaba el Ejército salvadoreño en poblados campesinos, pero hasta la fecha sólo han sido localizados Gregoria Herminia y Serapio Cristian, que fueron encontrados por la Asociación Pro-Búsqueda en 2006 y este año, respectivamente.
La CorteIDH ordenó al Estado Salvadoreño cumplir con diferentes medidas de reparación para las víctimas y familiares, entre ellas el acto público de reconocimiento de la responsabilidad por los hechos.
También condenó al Estado salvadoreño a investigar y localizar el paradero de las víctimas, pagarles una reparación económica y construir escuelas en los lugares donde desaparecieron, entre otras.
Esta es la segunda sentencia de la Corte Interamericana contra el Estado salvadoreño por la desaparición de niños durante la guerra civil.
En 2005, la Corte también dictó un fallo condenatorio por el caso de las hermanas Erlinda y Ernestina Serrano Cruz, desaparecidas en junio de 1982 cuando tenían 3 y 7 años, respectivamente, durante una campaña militar en el departamento de Chalatenango (centro).
La demanda por el «Caso Contreras y otros» fue interpuesta en 2003 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington; luego, en 2010, el caso pasó a la Corte porque se agotaron los plazos para una «solución amistosa» que el Estado salvadoreño había aceptado inicialmente.
