La Corte Suprema de Chile amplió hoy los motivos de la extradición del expresidente peruano Alberto Fujimori para que éste pueda ser juzgado en su país por un presunto delito contra la administración pública.
Fujimori, que renunció por fax a la presidencia peruana desde Japón en el año 2000, fue entregado por la justicia chilena a Perú en 2007 para que respondiera a acusaciones de violaciones de los derechos humanos y corrupción, por las que fue juzgado y condenado.
En un fallo dividido al que tuvo acceso Efe, el máximo tribunal chileno accedió a la petición del Estado peruano y confirmó así la resolución de primera instancia emitida el pasado 20 de septiembre por la jueza de la Corte Suprema chilena María Eugenia Sandoval.
El Estado peruano considera que Fujimori supo que las autoridades de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional y del Sistema de Defensa Nacional desviaron fondos económicos asignados por el Tesoro Público por un monto aproximado de 122 millones de soles (unos 46,9 millones de dólares al cambio actual).
Ese dinero supuestamente sirvió para refinanciar la campaña de reelección presidencial para el período de 2000 a 2005, y con ese fin se habrían manejado los medios de prensa escrita conocidos como «diarios chicha».
«Es claro que en los hechos materia del pedido existe una desviación o sustracción de fondos del Estado ordenada por la máxima autoridad política encargada de la gestión, administración e inversión de sus fondos, para fines no públicos, sino de su propio y particular interés político», señala la resolución conocida hoy.
En ese mismo fallo, el alto tribunal también ratificó la decisión de la jueza Sandoval de rechazar la petición de extradición por otro delito contra la administración pública-colusión desleal por encontrarse prescrita la acción penal, Este caso es conocido como «Overhauk» y se refiere a compras de maquinaria.
Estos requerimientos judiciales se explican porque, según las normas que rigen los procesos de extradición, Fujimori no puede ser juzgado por delitos distintos a los establecidos en cada solicitud, por lo que para poder hacerlo la Justicia peruana debe hacer una nueva petición.
Tras renunciar a la Presidencia del Perú, Fujimori residió cinco años en Japón y en noviembre de 2005 llegó de forma inesperada a Chile, donde permaneció dos años.
A solicitud de la Justicia de su país, Chile lo extraditó en 2007 para que fuera juzgado por dos casos de violaciones a los derechos humanos, las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, por los cuales fue condenado en 2007 a 25 años de prisión.
También fue extraditado para ser juzgado por cinco casos de corrupción, por los cuales recibió en su país penas menores, que no tienen consecuencias concretas, porque en Perú las penas no se acumulan, sino que prevalece la mayor.
En 2011, la Corte Suprema de Chile rechazó en dos ocasiones ampliar la extradición del exmandatario para que fuera procesado en su país por delitos de malversación de caudales públicos con el argumento de que en Chile el delito no se encuentra sancionado en Chile con pena de cárcel superior a un año.
Fujimori ha protagonizado estos días una polémica por los supuestos privilegios de los que goza en una prisión policial de Lima, de la que es el único preso y donde al parecer dispone de un área de 10.050 metros cuadrados para su esparcimiento.
En tanto, sus hijos, Hiro, Keiko, Sachi y Kenji, han presentado una solicitud de indulto humanitario con el argumento de que el exmandatario sufre de un cáncer en la lengua, aunque los médicos indican que la enfermedad está controlada y no representa peligro para su vida.
