El Gobierno español estudia cambiar la ley para otorgar el permiso de residencia a los extranjeros que adquieran una vivienda en España por importe superior a 160.000 euros (unos 204.000 dólares), según anunció hoy el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz.
Durante su intervención en un desayuno informativo, García-Legaz explicó que esta iniciativa está especialmente enfocada al mercado ruso y chino y que el cambio normativo se pondrá en marcha en «algunas semanas».
Respecto al precio mínimo de 160.000 euros, dijo que se trata de un «nivel equilibrado» que «tampoco daría lugar a una demanda masiva de permisos de residencia».
«En algunas semanas se pondrá en marcha la reforma del decreto de extranjería para reactivar la demanda exterior y contribuir a reducir el stock de oferta de viviendas», dijo, tras añadir que este cambio normativo también se ha llevado a cabo en Irlanda y Portugal y está siendo valorado por los gobiernos de otros países europeos.
El jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, señaló más tarde que la medida anunciada por García-Legaz está siendo analizada y que el objetivo del Gobierno es sacar a la venta el stock de viviendas y ayudar a la recuperación del sector de la construcción que «es muy importante para la economía española».
Recordó que después de 17 meses de caídas continuadas en los precios de la vivienda, en el mes de agosto hubo muestras de una recuperación, lo que calificó como un dato menor, pero positivo.
Rajoy habló sobre este tema al ser preguntado en una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, tras reunirse con la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, que realiza su primera visita oficial a España.
Mañana habrá una reunión con los ministerios implicados para tratar este cambio normativo con el que el Ejecutivo pretende impulsar la demanda externa de vivienda, en un momento en que la demanda nacional está paralizada y apenas se da salida al excedente de pisos construidos sin vender.
El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, ya avanzó el pasado 14 de noviembre en el Congreso de los Diputados que el Gobierno estaba acelerando los permisos de residencia para extranjeros que adquieran propiedades inmobiliarias en España.
Según datos difundidos por la unidad inmobiliaria de Catalunya Caixa, a finales de 2011 se acumulaban en España unas 800.000 viviendas de nueva construcción sin vender, una de las consecuencias más visibles del estallido de la «burbuja» inmobiliaria.
