Chile defendió este viernes la validez de la Declaración de Santiago de 1952 para fijar los límites marítimos que centran la disputa con Perú ante la Corte Internacional de Justica (CIJ) de La Haya, en la última jornada del juicio.
Chile, Perú y Ecuador, los tres Estados firmantes de dicha declaración, «eran plenamente conscientes de la audacia y de la novedad de su iniciativa al afirmar conjuntamente su soberanía y competencia exclusiva sobre el mar hasta una distancia de 200 millas náuticas de sus costas», indicó el abogado Pierre-Marie Dupuy, del equipo defensor de Chile. El objetivo «fundamental» de dicho documento, añadió, era «promover una renovación del derecho internacional fundado en una nueva concepción de la equidad entre Estados».
Dupuy respondía así a la pregunta formulada al cerrar la primera ronda de alegatos por el magistrado marroquí Mohamed Bennouna, sobre si ambos países consideraban, «como firmantes de la Declaración de Santiago en 1952, que se podía en esa fecha, conforme al derecho internacional, proclamar y delimitar» dicha zona de soberanía hasta «una distancia mínima de 200 millas» desde sus costas.
El tratado tripartito de 1952 establece como límite entre Perú y Chile el paralelo geográfico a la altura del límite terrestre, es decir a 18 grados y 21 minutos de latitud Sur. Lima se niega a aceptar ese paralelo como frontera, asegura que los acuerdos de 1952 y 1954 eran de índole exclusivamente pesquera y pide un trazado que siga una línea buisectriz equidistante a las costas de ambos países.
La Convención de Naciones Unidas sobre el derecho del Mar de 1982 consagró la tesis de las 200 millas.
El martes, durante el alegato final de Perú, el jurista italiano Tullio Treves respondió a la misma pregunta asegurando que ese radio de soberanía no se correspondía con «el derecho internacional de esa época» y que los signatarios de entonces solo pretendían defender sus «recursos pesqueros esenciales».
El veterano abogado australiano, James Crawford, abrió los alegatos de Chile y recordó que dicha Declaración «pasó a ser ley» para ambos países y atacó la pretensión peruana de introducir la línea equidistante. «Perú parece ver la historia hacia atrás», señaló y calificó el «supuesto de derechos por equidistancia» como algo «absolutamente anacrónico».
El letrado Jan Paulsson recalcó por su parte que «esta Corte no necesita ni puede ocuparse de la frontera terrestre», tal y como lo solicita Perú, e insistió en que el tribunal «no tiene jurisdicción para hacerlo».
Otro abogado de Chile, Luigi Condorelli, denunció la operación peruana destinada a «travestir y minimizar el objetivo de los tratados» de 1952 y 1954, al excluir de entrada la intención de fijar los límites fronterizos.
Chile tampoco defiende que la declaración se limitara a esa única función, tal y como quiere dar a entender Perú, sostuvo el abogado, sino que abarcaba muchos más ámbitos. Por otra parte, «nada justifica la alegación peruana de que se tratara de instrumentos provisionales», añadió.
La CIJ emitirá un fallo inapelable que podría darse a conocera mediados de 2013.
