El fiscal paraguayo Jalil Rachid, que investiga la masacre de 6 policías y 11 labriegos ocurrida el 15 de junio en Curuguaty, 250 km al noreste de Asunción, acusó de asesinato doloso en grado de tentativa a 14 campesinos, reveló el funcionario a la AFP este lunes.
«El asesinato de los seis policías fue premeditado por ese grupo encabezado por el campesino Rubén Villalba, con varios antecedentes por actos violentos», explicó Rachid, quien presentó oficialmente la acusación el domingo al juzgado. También solicitó al magistrado juicio oral para los mismos.
Villalba fue capturado el 27 de setiembre, considerado por la fiscalía uno de los principales instigadores de la matanza, suceso que desembocó en la destitución vía juicio político en el Congreso del ex presidente Fernando Lugo siete días más tarde.
Rachid explicó que en el operativo de desalojo que antecedió a la tragedia, los seis policías, sin armas, se acercaron a parlamentar con los líderes de la ocupación de una propiedad privada perteneciente al conocido político y empresario Blas Riquelme, ya fallecido.
«Fue un plan organizado por un grupo radicalizado muy violento», enfatizó.
Preguntado si tenían un entrenamiento paramilitar, dijo que no, pero que el plan fue estructurado. «Los invasores de la propiedad tenían rostros pintados, tapabocas, armas, clavos con madera para que la policía no ingresara con vehículos, usaron mujeres y niños para hacerles entrar en confianza y finalmente tenían bombas cazabobos», explicó.
El fiscal recordó declaraciones de Villalba días antes de la masacre, en el sentido «de que si no conseguían la tierra, por lo menos un cementerio iban a hacer en el lugar», relató Rachid.
Interrogado si tenían un lazo con el gobierno del ex presidente Lugo, respondió que «no hay elementos» para asegurarlo.
Sobre la defensa de los detenidos que realiza un grupo de políticos y abogados vinculados al movimiento de Lugo, Rachid afirmó que «mienten alevosamente, inclusive inventando supuestos abusos sexuales contra campesinas por parte de policías».
Respecto de la supuesta existencia de francotiradores que habrían atizado el enfrentamiento, aseguró que dicha versión «no tiene ningún asidero».
«La fiscalía está en condiciones de demostrar en un juicio oral los hechos punibles que sostenemos», aseguró el representante del ministerio público.
El movimiento Frente Grande, que lidera el ex presidente Fernando Lugo, acusó en un comunicado a la fiscalía de ser «cómplice de la matanza para encubrir a los verdaderos responsables».
Agrega el documento que «la convivencia pacífica está en riesgo por la desconfianza y el descrédito de la fiscalía y el Poder Judicial».
Su candidato a presidente para las elecciones generales del 21 de Abril, Aníbal Carrillo, dijo este lunes en conferencia de prensa que la masacre «se originó por la intervención de fuerzas externas» a los campesinos.
«Nuestro elemento más fuerte es que acá hubo francotiradores instalados apuntando a una conspiración con miras al derribo del gobierno de Lugo», remarcó el político.
Los partidarios de Lugo sostienen que la masacre se produjo para propiciar el defenestramiento del expresidente.
El fiscal general del Estado, Javier Díaz, respaldó la pesquisa de Rachid, al señalar que «se basó en conclusiones científicas».
