China aprobó hoy una nueva ley por la cual los ciudadanos estarán obligados a registrarse con sus nombres reales para tener acceso a Internet y a otros servicios de telecomunicaciones, una medida que algunos sectores interpretan como un intento de amordazar la ya de por sí censurada red china.
“Los proveedores pedirán a los usuarios que proporcionen información de identificación real al firmar acuerdos para conceder el acceso a Internet, líneas fijas de teléfono o dispositivos móviles o para permitir a los usuarios publicar información de dominio público”, dice la resolución, que consta de 12 artículos. Según apuntaron varios medios oficiales durante la semana, en la práctica la nueva normativa obligará a los ciudadanos chinos a presentar sus documentos de identidad cuando firmen tales contratos.
Aunque las autoridades justifican que la acción tiene por objetivo “garantizar la seguridad de la información y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos”, algunos usuarios ven detrás una voluntad de controlar las opiniones, en algunos casos críticas y hasta ahora anónimas, de los internautas. Según el nuevo marco normativo, además, los proveedores de estos servicios “están obligados a detener inmediatamente cualquier tipo de información ilegal una vez detectada y tomar las medidas pertinentes”, que incluye su registro y posterior eliminación, y añade que pueden hacerlo “antes de informar a las autoridades de supervisión”, que también podrán acceder a los datos.
En el documento, aprobado por la Asamblea Nacional Popular (ANP) tras cinco días de reuniones, no se especifica qué se considera como “información ilegal”. Una medida similar se intentó aplicar en marzo pasado a los microblogs, las redes sociales más exitosas en el país asiático, aunque no ha sido realmente puesta en práctica y varios usuarios siguen escribiendo con pseudónimo.
Además de los ciudadanos, la nueva ley podría afectar en una mayor medida a negocios como los cibercafés, muy populares en China, si las nuevas políticas les piden un control más exhaustivo de sus clientes. Algunos de los disidentes del Gobierno chino también podrían acusar el nuevo marco normativo, ya que se prevé que sea más difícil poder utilizar la red de forma anónima.
Otro de los puntos de la ley, sin embargo, asegura que las autoridades “velarán por la protección de la información que pueda ser utilizada para determinar la identidad de un usuario” y prohíbe explícitamente que los proveedores de estos servicios “vendan o proporcionen de forma ilegal” esta información a terceros. “Los infractores pueden enfrentarse a sanciones, como la confiscación de las ganancias ilegales, revocaciones de licencias y el cierre de sitios web”, apunta el documento
Mientras que las autoridades señalan que este procedimiento “es necesario para prevenir acusaciones falsas” y que ya existe en varios países, muchos usuarios consideran este paso como un ataque a la libertad de expresión en un momento en que, por ejemplo, varios casos de corrupción han sido desvelados gracias a filtraciones de periodistas y ciudadanos a los foros y redes sociales chinas.
Aunque aún no se saben las consecuencias exactas de la aprobación de la ley ni qué comportará en la práctica, parece que el brazo censor del Gobierno chino —llamado popularmente “La Gran Cibermuralla”— está endureciendo sus políticas. Y ello lo están percibiendo, por ejemplo, las compañías que ofrecen redes VPN (red privada virtual, por sus siglas en inglés), usadas por disidentes o periodistas extranjeros para entrar en webs bloqueadas en China, unos servicios que en las últimas semanas han dejado de funcionar con normalidad.
Los usuarios de Internet en China tienen que hacer frente a un extenso sistema de censura, especialmente en temas políticamente sensibles como los derechos humanos, mientras que páginas como Facebook, Twitter y Youtube son inaccesibles sin VPN.
