El Consejo Constitucional francés infligió un duro golpe al presidente de Francia, François Hollande, al anular el impuesto del 75% que debía aplicarse a los contribuyentes más ricos. Se frustra así la medida más emblemática, pero también la más cuestionada del Gobierno del político socialista.
Poco después de la respuesta, el primer ministro Jean-Marc Ayrault anunció que «el Gobierno propondrá un nuevo dispositivo conforme a los principios establecidos por la decisión del Consejo Constitucional».
Requerido por los parlamentarios de la oposición de derechas, el Consejo Constitucional estimó que el impuesto excepcional del 75% aplicable a los contribuyentes con ingresos superiores al millón de euros, previsto para dos años y contenido en los presupuestos de 2013, violaba el principio de igualdad de cargas públicas. Este impuesto «se basa en el ingreso de cada persona física», mientras que el impuesto sobre la renta se retiene «por familia».
La anulación del Consejo no se apoya en el supuesto carácter confiscatorio de esta medida denunciado por sus detractores, sino sobre el hecho de que una familia en la que cada miembro percibiera, por ejemplo, un ingreso de 900 mil euros se encontraría exento, mientras que otro, en el que un solo miembro ganara 1,2 millones de euros y el otro nada, debería pagar.
El presupuesto de 2013 de Francia está elaborado en base a una previsión del crecimiento del 0,8%, aunque el FMI, el OCDE y otros organismos la consideran muy optimista.
