El Congreso peruano eliminó hoy el incremento de los gastos por representación para los 130 legisladores, que se había asignado en diciembre por 5.800 dólares, después de las críticas recibidas desde el Ejecutivo y diversos sectores sociales.
En una sesión conjunta, la Mesa Directiva y la Junta Portavoces del Congreso acordaron dejar sin efecto el incremento que duplicó el monto que recibían hasta el año pasado por el concepto de viajes al interior del país.
El presidente del Congreso, Víctor Isla, dijo que la población no había recibido una explicación correcta sobre los alcances de la medida, al responder sobre los motivos para dar marcha atrás en la impopular decisión.
El mismo Isla había desestimado el viernes pasado, tras ratificar el incremento de gastos de representación, la opinión del mandatario Ollanta Humala sobre esta medida, quien afirmó que «choca con la sensibilidad de la población» y que esperaba su modificación.
El titular del Parlamento dijo que las distintas bancadas en el Legislativo habían hecho una evaluación de los hechos y de los comentarios recibidos, antes de dejar sin efecto la medida.
Una veintena de legisladores de la oposición habían anunciado que dejarían de percibir esos gastos al manifestar su rechazo con esa decisión.
El Congreso había aprobado, en una votación realizada en diciembre y ratificada la semana pasada, el incremento de los gastos de representación de 7.000 a 15.000 soles (de 2.700 a 5.800 dólares), con lo cual su remuneración total se elevaba a unos 25.600 soles (10.000 dólares) mensuales.
El jefe de Estado confiaba en que el Congreso modificara ese aumento, después de las marchas de protesta de trabajadores estatales realizadas el año pasado en demanda de aumentos de salario mucho menores.
«Es un tema que evidentemente choca con la sensibilidad de la población y esperemos que el Congreso sea sensible», declaró Humala a fines de diciembre pasado.
El presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, también opinó que el aumento de los gastos de representación deberían realizarse «en función de los méritos (de los legisladores) y las necesidades del país».
Jiménez afirmó que «todas las agencias del Estado tienen que sintonizar con lo que dice la población».
