El Gobierno boliviano espera reunirse con responsables de la eléctrica española Iberdrola el 21 de enero para abordar la nacionalización de las cuatro filiales que poseía la empresa en Bolivia, informó hoy la ministra de Comunicación, Amanda Dávila.
«En este momento se avanza en acercamientos con el grupo Iberdrola, de España, para concertar una reunión que está prevista para el día 21 de enero», dijo Dávila en una rueda de prensa en el Palacio presidencial.
El presidente boliviano, Evo Morales, decretó el pasado 29 de diciembre la expropiación de las distribuidoras de energía Electropaz y Elfeo, la firma de servicios Edeser y la Compañía Administradora de Empresas Bolivia.
Según el decreto, Iberdrola debe ser compensada en un plazo de seis meses por el patrimonio nacionalizado.
La valoración la hará una consultora independiente designada por la estatal Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), que ha asumido el control de las filiales expropiadas.
Las compañías expropiadas suponen alrededor del 0,2 por ciento del negocio de Iberdrola, empresa que informó a Efe el pasado 29 de diciembre de que espera que Bolivia «pague el valor real» de las cuatro compañías filiales.
La ministra Dávila también lamentó que la empresa Red Eléctrica de España (REE) haya iniciado un proceso de controversia por la nacionalización de la Transportadora de Electricidad (TDE), decretada el 1 de mayo del año pasado.
«Lamentamos mucho que la empresa Red Eléctrica de España esté iniciando este proceso de controversia sin antes haberse cumplido el plazo que se establece en los decretos para llegar a un entendimiento y a un acercamiento», dijo Dávila.
Agregó que Bolivia no expropiará sin indemnizar a ninguna empresa porque el Gobierno de Morales «está pagando por estos procesos denacionalización cuando llega a acuerdos con las empresas privadas».
La Procuraduría General del Estado (PGE) anunció este lunes que la estatal Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) ha iniciado la contratación de la empresa que hará la valoración de la TDE para establecer una compensación.
El 5 de junio de 2012, la TDE notificó formalmente al Estado boliviano que existe «una controversia bajo el acuerdo para la promoción y protección de inversiones firmado entre el Reino de España y Bolivia».
El decreto de expropiación de mayo de 2012 establece que una consultora independiente fijará en un plazo de seis meses el valor de la compensación que debe pagarse a REE.
La empresa española está dispuesta a acudir al arbitraje internacional a partir de febrero próximo, en caso de no fructifique el diálogo con Bolivia, según afirmó en diciembre el presidente de la compañía, José Folgado.
