La Justicia acogió hoy a tramitación una querella que familiares de víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet presentaron contra «los instigadores» del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, informaron fuentes judiciales.
La aceptación del libelo la dictó el juez Mario Carroza, de la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a la presentación, de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP).
La acción legal es patrocinada por los abogados de derechos humanos Eduardo Contreras y Alfonso Insunza y pide investigar el eventual delito de asociación ilícita de parte de quienes conspiraron para que se perpetrara el golpe de Estado que encabezó Pinochet para derribar el gobierno de Salvador Allende.
De ese modo, según la querella, los instigadores del golpe dieron paso a un serie de delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura (1973-1990), durante la cual murieron unos 3.200 chilenos a manos de agentes del Estado, de los que unos 1.192 aún figuran como detenidos desaparecidos.
Además, según se estableció oficialmente, unas 33.000 personas fueron torturadas y encarceladas por causas políticas.
El abogado Eduardo Contreras consideró «un paso importante» la decisión del juez Carroza y según dijo a los periodistas, ahora espera que el juez dé curso a varias diligencias planteadas en la querella.
Entre ellas, que sean citados a declarar a algunos de los principales actores políticos de la época que aún están vivos, entre ellos el expresidente Patricio Aylwin (1990-1994), que en 1973 presidía la Democracia Cristiana, que se oponía al gobierno de Allende.
También al político derechista Sergio Onofre Jarpa, líder del derechista Partido Nacional (PN), que fue ministro del Interior de Pinochet en los años 80 y retirado de la política activa desde hace varios años.
Durante el gobierno de Allende, la DC y el PN se unieron en una Coalición por la Democracia (Code) para enfrentar unidos a la Unidad Popular (UP), conglomerado de izquierda que sustentaba al presidente socialista.
A la derecha de la Code se situaba al grupo neonazi y ultranacionalista Patria y Libertad, que recurrió al terrorismo para desestabilizar al gobierno y cuyo fundador y máximo líder, Pablo Rodríguez, es un conocido abogado que defendió a Augusto Pinochet en múltiples procesos que el dictador debió afrontar en sus últimos años de vida.
