La policía investiga si se ocultaron pruebas del incendio en una discoteca en el sur de Brasil donde murieron 231 personas, mientras se acumulan los indicios de negligencia y el país se moviliza para reforzar controles tras la tragedia.
Cuatro presuntos responsables fueron arrestados el lunes para facilitar la investigación: los dos dueños de la discoteca y dos integrantes de la banda musical que lanzó fuegos artificiales en el escenario de la discoteca Kiss de Santa Maria, en el estado de Rio Grande do Sul.
La policía investiga si la discoteca, repleta de jóvenes universitarios que celebraban una fiesta, estaba superpoblada y si había o no cámaras de vigilancia grabando lo que sucedió y alimentando un computador que habría desaparecido.
Tampoco se ha encontrado el registro de caja, que permitiría comprobar cuánta gente había en el local a la hora del accidente, indicó la prensa local.
«Las cámaras de filmación no estaban en el local (donde deberían estar), no había ningún computador con almacenamiento de memoria», dijo la fiscal Veruska Agostine al diario O Dia.
«El local se pudo haber quemado por causa del fuego artifical y la capacidad de la puerta no servía para que la gente saliera», ya que era demasiado estrecha, dijo el lunes el jefe de policía Marcelo Arigony a periodistas en Santa Maria.
«Estamos investigando para tener seguridad de que no había imágenes» de cámaras de seguridad, añadió. Los dueños de la discoteca declararon que el sistema de vigilancia no funcionaba desde hacía dos meses.
La discoteca tenía una sola puerta de salida, que según sobrevivientes estaba bloqueada por barreras de acero que dificultaron la salida. Muchos confundieron las salidas de emergencia con las puertas de los baños, donde se hallaron 180 cuerpos. Otros testigos dijeron que al menos un extintor de incendio no funcionó.
La policía busca saber también qué miembros de la banda «Gurizada Fandangueira» llevó fuegos artificiales al local y los activó.
La fiscalía de Rio Grande do Sul pidió el bloqueo de los bienes de la empresa propietaria de la discoteca y de sus dueños. «El objetivo es asegurar el derecho de las personas a tener garantizada una futura indemnización, de modo colectivo e igualitario para todos los familiares de víctimas de la tragedia», dijo el fiscal general del estado, Nilton Arnecke Maria. Alcaldes de varias ciudades del país como Manaus, Salvador, Curitiba y Porto Alegre anunciaron una fiscalización más rigurosa de las discotecas durante su reunión anual con la presidenta Dilma Rousseff, celebrada el lunes.
