El presidente de Uruguay, José Mujica, planteó la posibilidad de realizar “cambios constitucionales” ante una posible resolución de la justicia que declararía inconstitucional un polémico impuesto al campo impulsado por él y aprobado por el Parlamento a fines de 2011.
“Al parecer la Constitución se opondría a que pague más quien más se beneficia. Entonces habrá que plantearse cambios constitucionales”, dijo. La “batalla por cambios profundos en la ruralidad va a continuar (…), no vamos a bajar los brazos ni cambiar de programa”, señaló el Mandatario.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Ruibal Pino, indicó que, aunque probablemente la respuesta “será sí” a la inconstitucionalidad del “impuesto al campo” —que afecta a propietarios de más de 2.000 hectáreas (ha)— el tema “aún no está resuelto”.
El Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) prevé un gravamen anual de $us 8 por hectárea para las extensiones de tierra productiva de entre 2.000 y 5.000 ha; de $us 12 por hectárea para las de entre 5.000 y 10 mil ha y de $us 16 por hectárea para las de más de 10 mil ha.
Según el Gobierno, el ICIR afecta a unos 1.200 propietarios particulares o empresas de un total de 47.300, cantidad que equivale a 2,5% del total. Sin embargo, concentra el 36% de la superficie total de tierras de Uruguay (5 millones de ha).
El impuesto ha provocado hasta la fecha 127 recursos de inconstitucionalidad.
