La reforma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que será discutida esta semana por los cancilleres de los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, genera preocupación en organismos no gubernamentales y divide a los países latinoamericanos.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, amenazó hoy con retirar a su país de la CIDH, a la que equiparó con una «base militar» de Estados Unidos, en este caso dirigida a «juzgar» a otros países, y acusó de estar al servicio de la «derecha procapitalista y proimperialista».
«Después de conocer y seguir conociendo esas instituciones, personalmente estoy haciendo una profunda evaluación, (creo) que (es) mejor renunciar, retirarnos (…)», sostuvo Morales, quien precisó que «eso no significa violar los derechos humanos», sino poner la «dignidad y soberanía» también en primer plano.
La ministra de Comunicación de Bolivia, Amanda Dávila, señaló hoy en declaraciones a Efe que «no hay una fecha concreta» prevista para la salida del país de la CIDH, aunque precisó que el asunto «está previsto» en la agenda política de este año.
Los cancilleres de los países miembros de la OEA se reunirán este viernes en Washington precisamente para tratar de cómo reformar la CIDH, una reforma que, según sus promotores, tiene como objetivo fortalecer el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero sus detractores ven como una amenaza a la independencia de la Comisión.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) exhortó hoy a los cancilleres a oponerse en la reunión del viernes a cualquier intento de debilitar el sistema interamericano de derechos humanos, que, a su juicio, sería un «golpe a la democracia en las Américas».
«Si no se preserva la autonomía e independencia de la CIDH y de su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, los ciudadanos del hemisferio serán más vulnerables a las violaciones de derechos humanos», advirtió el CPJ en una carta abierta dirigida por su director ejecutivo, Joel Simon, a los cancilleres.
Simon se refirió expresamente a unas medidas propuestas por Ecuador, que a su juicio tienen como fin reducir la independencia de la Relatoría e impedir que la CIDH pueda conseguir apoyo financiero autónomo y publicar informes sobre la libertad de expresión.
También se lamentó de que «sigan en silencio» algunos países como Brasil o Argentina que, según dijo, han sido «pilares» del sistema interamericano de derechos humanos y «ahora deberían estar liderando su defensa».
Al inaugurar hoy un periodo extraordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en Medellín, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se desmarcó de las «posiciones extremas» de países que aspiran a emprender reformas radicales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).
«Bienvenidas las reformas», siempre que sean para «fortalecer y no debilitar» el sistema y que «reconozcan sus potestades», dijo.
Santos le dejó claro al presidente de la CorteIDH, el peruano Diego García-Sayán, que puede contar con «todo el respeto y apoyo» de Colombia «para seguir trabajando de la mano con el Sistema, no en contra del Sistema».
Los países de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA) han dejado claro desde hace tiempo que no están conformes con la CIDH tal como funciona actualmente.
«Hay un grupo de países que estamos decididos a hacerlo (buscar una nueva instancia latinoamericana de derechos humanos) si no cambian las cosas» en el sistema, sobre todo en la CIDH, señaló el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, la semana pasada en Guayaquil, donde se celebró una reunión para debatir las reformas.
En esa reunión se emitió una declaración que pide la adhesión total de los Estados americanos a la Convención de Derechos Humanos, la financiación plena de sus organismos por parte de esos Estados y la igualdad en las relatorías que vigilan los derechos civiles.
En Washington el subsecretario de Comunicación de Ecuador, Patricio Barriga, reclamó también la semana pasada que la CIDH tenga su sede en uno de los países parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual EE.UU. no ha ratificado.
Las quejas del Gobierno ecuatoriano se centran especialmente en los privilegios que, a su juicio, tiene la Relatoría de Libertad de Expresión, liderada por la colombiana Catalina Botero.
Según el Gobierno de Correa, que acusa a los medios de su país de actuar contra él y ha tenido numerosas polémicas y juicios con periodistas, la Relatoría es «financiada por países ajenos y «parece haberse extraviado de sus funciones», según las palabras de Barriga.
El pasado sábado, Venezuela acusó a la CIDH de una «parcialización» en la gestión de las denuncias de derechos humanos, producto de haber sido «utilizada durante décadas por el Gobierno de Estados Unidos y sus aliados para desestabilizar los regímenes progresistas».
El representante venezolano para los derechos humanos, Germán Saltrón, en una audiencia ante la CIDH respaldó la petición del presidente ecuatoriano para que la sede se traslade a otro país.
