Las tensiones sectarias reaparecieron en Irak diez años después de la invasión de Estados Unidos al país. Los suníes llevan meses manifestándose para pedir el fin de las detenciones arbitrarias, la anulación de las leyes antiterroristas y la puesta en libertad de sus correligionarios víctimas de esas normas que aseguran les afectan de forma desproporcionada.
El Gobierno ha logrado hasta ahora evitarlas, pero cada vez hay más voces que alertan de que sin compromisos sustanciales esas protestas se constituyen en un peligro que puede volver al país a la guerra sectaria que desangró al país entre 2006 y 2008
“La comunidad suní se siente excluida. Algunos sectores han equiparado al Gobierno (chií) con el Baaz (partido) de Sadam Husein para apartarla de la dirección del país”, explicó el presidente del Parlamento, Osama al Nujayfi, en la actualidad el suní de más alta posición en el Estado. “El primer ministro es responsable de esa política” y “los manifestantes piden que se les deje participar en la administración del país”, dijo.
Las quejas no son nuevas. Desde el derrocamiento del dictador, los suníes se han considerado discriminados, pero el estilo autoritario del Gobierno de Nuri al Maliki añadió leña al fuego.
Diplomáticos europeas reconocen que el primer ministro “ha marginado a los ministros suníes; ha dado un carácter claramente chií a las fuerzas armadas; y ha asumido el control directo del aparato de seguridad que es responsable de las detenciones en masa, tortura y uso de cárceles secretas”. De ahí que esa comunidad, que se considera la principal víctima de esas políticas, insistan en pedir cambios.
Las protestas están siendo las más importantes y numerosas desde las que siguieron a la invasión de 2003. Cada viernes, a la salida de las plegarias, miles de descontentos salen a la calle de varias ciudades al grito de “Erhal” (vete) dirigido a Al Maliki.
Aunque el descontento con el primer ministro no se limita a los suníes, las manifestaciones no han prendido ni en el sur chií ni en el norte kurdo. Sólo los sadristas (un movimiento político chií crítico con Al Maliki) han expresado algunas simpatías. El problema es que también lo han hecho Al Qaeda y nostálgicos del régimen de Sadam Husein.
Política. Al Maliki, tras acusar a los manifestantes de ser un “instrumento de potencias extranjeras”, también ha reconocido que algunas de sus reivindicaciones tienen fundamento y formado un comité para solucionarlas. Éste ha dado algunos pasos como poner en libertad a varios miles de presos, readmitir a 14 mil empleados públicos purgados por baazistas y volver a pagar las pensiones a 74 mil exfuncionarios de la época de Sadam.
Pero, sobre todo, el jefe del Gobierno pidió contención a las fuerzas de seguridad. No obstante, la muerte por disparos de la Policía de ocho manifestantes en Faluya a finales de febrero y de uno más en Mosul hace diez días, llevaron a dimitir a los ministros suníes de Hacienda y Agricultura.
“Incluso si el Gobierno libera a todos los presos y les devolviera a todos sus empleos, los manifestantes seguirían diciendo que no ha satisfecho sus demandas porque no lo ha hecho de forma legal, a través del Parlamento, que es el representante del pueblo”, apunta Hakim al Zamili, un diputado sadrista que es miembro del Comité de Seguridad del Parlamento.
Aún el gran ayatolá Ali Sistaní, el líder espiritual de los chiíes, intervino a través de sus representantes para se atendieran “las demandas legales” de los suníes, pero “el Gobierno no ha puesto en práctica todas sus recomendaciones”, aseguró Al Zamili.
“El Gobierno podría hacer más”, declaró recientemente el enviado de la Naciones Unidas para Irak, Martin Kobler, en una entrevista con Associated Press. Fuentes a esa organización en Bagdad estiman que al margen de las reclamaciones políticas en las que la ONU no entra, hay problemas de derechos humanos y de mera aplicación de la ley, que exigen una respuesta inmediata. Otra cosa sólo agrandará la desafección suní y alejará la posibilidad de reconciliación que necesita la sociedad iraquí.
Conflicto beneficia a radicales
Análisis
“Las manifestaciones van a terminar beneficiando a los extremistas suníes porque en las próximas elecciones provinciales lo más probable es que los votantes suníes castiguen a los políticos que han cooperado con el Gobierno de Al Maliki, los considerados moderados”, asegura un observador occidental. El País
