La Organización de Estados Americanos (OEA) reúne este viernes en Washington a sus cancilleres para decidir el futuro del guardián de los derechos humanos regional, la Comisión Interamericana (CIDH), que ha alertado ante la posibilidad de que se afecte su funcionamiento.
Los cancilleres de Argentina, Colombia, Ecuador, México, Chile, Perú, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Grenada, y el número dos del Departamento de Estado norteamericano, William Burns, asisten a la Asamblea General Extraordinaria pautada para las 11H00 locales (15H00 GMT).
La reunión busca poner fin a un prolongado proceso de reformas a la CIDH que ha durado casi dos años, pero la tarea parecía complicarse por persistentes diferencias entre los países, sobre todo en cuanto al financiamiento del ente independiente de la OEA y el peso de sus relatorías.
En paralelo, la CIDH presentó esta semana su propio plan de reformas, con el cual asegura haber contestado a «todas y cada una» de las recomendaciones que le ha hecho la OEA, como más claridad en el otorgamiento de medidas cautelares o la ampliación de un polémico capítulo de su informe anual que hasta ahora era una especie de «lista negra», que ha incluido a Venezuela, Cuba y Colombia.
La CIDH ha pedido que este viernes concluya el proceso, para poder dedicarse totalmente a su labor de defensa de los derechos humanos.
A este sentimiento se han unido un grupo de países, encabezado por Estados Unidos y Canadá, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, y numerosas organizaciones no gubernamentales, que han criticado el proceso como un intento velado de recortar las atribuciones e independencia de la CIDH.
Pero Ecuador, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, los países más beligerantes contra la CIDH, insisten en sus críticas, y han sido la principal piedra de tranca para alcanzar un consenso en torno a un proyecto de resolución que fue arduamente negociado en los últimos días.
Estos países impulsan las propuestas emanadas de una conferencia organizada en Ecuador hace dos semanas, y que entre otras cosas pedían prohibir la financiación de la CIDH fuera de la región y dar las mismas capacidades a todas las relatorías del ente, lo que equivaldría a debilitar la Relatoría sobre Libertad de Expresión.
Pero el proyecto de resolución de la OEA se limita a comprometerse al «pleno financiamiento» de su sistema de derechos humanos, y hasta que eso suceda permite fondos externos, y supedita el fortalecimiento de las relatorías a «un financiamiento adecuado».
El presidente de la CIDH, el mexicano José de Jesús Orozco, alertó el jueves contra un «estrangulamiento» financiero si se le impide buscar donantes extrarregionales, al tiempo que volvió a insistir en que los fondos que le otorga anualmente la OEA le son insuficientes.
La OEA, con 34 miembros activos, financia la mitad de su presupuesto de 9,5 millones de dólares, mientras que el resto proviene de cooperación internacional, pero la Relatoría sobre Libertad de Expresión se mantiene exclusivamente con donaciones.
Insulza propuso el año pasado crear un fondo de capital de 100 millones de dólares para la Comisión y la Corte Interamericana, el otro órgano de derechos humanos de la OEA, pero la iniciativa aún no ha sido estudiada por los miembros.
Los países latinoamericanos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, ven a la CIDH como un ente que responde a intereses estadounidenses.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, amenazó en días pasados con retirarse de la CIDH, mientras que Venezuela ya denunció la Convención Americana de Derechos Humanos, lo que supone que a partir de septiembre no reconocerá la jurisdicción de la Corte Interamericana, con sede en Costa Rica.
Para abandonar la CIDH, un país debe salirse de la OEA.
