Un juzgado español decretó el embargo de bienes de Chile al negarse ese país a ejecutar el laudo arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) de 2008 por la incautación del diario chileno «Clarín» en 1973.
El caso fue llevado al CIADI, dependiente del Banco Mundial, por el empresario español Víctor Pey y la Fundación Española Presidente Allende (FPA), propietarios del diario.
La orden de ejecución es por valor de 4.975.630 dólares en concepto de principal, intereses vencidos y los que puedan devengarse, según el auto del juez de primera instancia número 1 de Madrid al que ha tenido acceso Efe.
El laudo, aprobado en mayo de 2008, condenó a Chile por la confiscación del Diario Clarín, al violar el Acuerdo de Protección Recíproca de Inversiones entre España y Chile, le impuso una indemnización de diez millones de dólares y le obligó a pagar las costas.
Esta decisión fue recurrida por Chile y en diciembre de 2012 el CIADI confirmó todos los puntos excepto la indemnización, que será fijada por el Tribunal Internacional en una decisión ulterior.
Sin embargo, Chile no se ha hecho cargo de manera voluntaria de las costas, por lo que los propietarios del diario llevaron el caso a los tribunales en España, que ahora han ordenado el embargo de bienes.
Los laudos de CIADI son ejecutables en España como las decisiones de los tribunales nacionales, al reconocer el país a este organismo.
Según el despacho de abogados que representa a los demandantes, ésta es la primera vez que un tribunal decreta embargo judicial de bienes de Chile por incumplir tratados internacionales multilaterales y bilaterales y no ejecutar la sentencia firme de un tribunal internacional.
También por vez primera inversores españoles son atendidos en sus demandas ante el Tribunal Internacional de Arbitraje del Banco Mundial, según la misma fuente.
Por su parte, la embajada de Chile en España, preguntada por Efe, declinó hacer declaraciones sobre este asunto.
En 1997, Víctor Pey Casado, con el respaldo de la FPA recurrió al CIADI con una solicitud de arbitraje por la confiscación de «Clarín», que en el momento del golpe militar que Augusto Pinochet encabezó el 11 de septiembre de 1973 era el de mayor circulación en Chile.
La dictadura se apropió de todos los bienes del periódico y su sede, en el centro de Santiago, fue utilizada como cuartel secreto de torturas y asesinatos por uno de los varios grupos represivos del régimen militar.
