Varios países del Alba liderados por Ecuador lograron en una Asamblea General Extraordinaria de la OEA su objetivo de dejar abierta la puerta a nuevas reformas de la CIDH, pero fracasaron en su intento de cambiar su forma de financiación.
La resolución adoptada el viernes, tras casi doce horas de debate de los cancilleres y representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, otorga un respaldo explícito a la reforma que la CIDH aprobó esta semana para su propio reglamento, con lo que ese proceso se da por cerrado.
Eso supuso una derrota para Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Venezuela, que plantearon al comienzo de la asamblea su rechazo a cerrar ese proceso de reforma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), iniciado hace casi dos años, porque a su juicio no hay suficiente consenso al respecto.
Sin embargo, esos cuatro países, apoyados por Haití, lograron que se acordara dar un mandato al Consejo Permanente de la OEA para “continuar el diálogo sobre los aspectos fundamentales para el fortalecimiento del SIDH (Sistema Interamericano de Derechos Humanos)”, del que forman parte la CIDH y la Corte IDH.
Ese diálogo se realizará “teniendo en cuenta todos los aportes realizados por los Estados, los órganos del sistema y la sociedad civil a lo largo del proceso de reflexión, así como los debates durante la presente asamblea extraordinaria”, según el texto introducido a última hora por Argentina y que permitió el consenso.
Cuando el debate parecía estar en un punto muerto y Ecuador había amenazado incluso con abandonar el SIDH, el canciller argentino, Héctor Timerman, planteó añadir el texto a uno de los puntos más conflictivos de la resolución para concluir los debates y tuvo éxito.
Argentina le ha dado “una oportunidad al Alba (Alianza Bolivariana para los Pueblos de América) de seguir adelante con un proceso de auditoría permanente” sobre el sistema, opinó el director para América de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco.
Consideró que el mandato al Consejo Permanente “le da legitimidad a un debate sin límites”, algo que a su juicio permite “continuar con un proceso que para los países del Alba tiene como objeto lograr un debilitamiento” del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
En el documento aprobado no se recogieron los reclamos de Ecuador, Bolivia, Venezuela y Nicaragua, sobre las reivindicaciones para modificar el sistema de medidas cautelares de la CIDH y cambiar su sede, que está en Washington, así como la financiación de la CIDH.
