La presión de los escándalos sobre paraísos fiscales, en el centro de la corrupción de países como Francia y España, ha colocado apresuradamente la fiscalidad en la ya apretadísima agenda europea. Es de hecho una de las cuestiones centrales abordada ayer en la reunión de ministros de economía de la Unión Europea (UE). Cada uno presentó en Dublín sus propuestas para combatir el fraude y elevar de ese modo la recaudación.
La Comisión Europea negocia desde hace tiempo con los países miembros una nueva directiva sobre el ahorro que permita suministrar automáticamente información entre todos los países comunitarios y mejorar el control de los datos. La oposición de Austria y Luxemburgo, dos de los socios que siguen teniendo secreto bancario, ha mantenido bloqueado ese proyecto.
La voluntad que en la semana han expresado esos dos Estados de acabar con el secreto bancario —Luxemburgo incluso ha puesto fecha para la derogación: enero de 2015— parecía allanar el camino para aprobar y aplicar ya esa directiva. Sin embargo, ayer, Austria aseguró que luchará por mantener el secreto bancario en contra de toda la presión que recibe, según su ministra de Finanzas, Maria Fekter.
Aparentemente Austria mantendrá su posición, especialmente después de que Francia, España, Italia, Reino Unido, Polonia y Alemania anunciaran un frente común contra el fraude, mediante un proyecto de intercambio multilateral de información fiscal.
