El Gobierno británico solicitó a Japón que abra un debate público y reconsidere la aplicación de la pena de muerte, después de que dos presos fuesen ahorcados hoy en Tokio «pese a la oposición global» a este castigo.
El secretario de Estado del Ministerio británico de Exteriores, Hugo Swire, dijo en un comunicado que la aplicación de la pena de muerte es «una tendencia preocupante en un país con el que trabajamos muy de cerca».
«El Gobierno británico seguirá pidiendo a Japón que reconsidere su política y establezca una moratoria formal, con vistas a una eventual abolición de la pena de muerte», apuntó Swire.
La nación nipona estuvo cerca de esa moratoria durante el anterior Gobierno del Partido Democrático debido a disensiones internas acerca de la aplicación de ese castigo pero, en sus tres años de mandato, finalmente nueve condenados fueron ejecutados.
Desde que en diciembre llegó al poder Shinzo Abe del Partido Liberal Demócrata (PLD), que ha dominado la vida política japonesa durante medio siglo, cinco reos han sido ya ejecutados, provocando las protestas de las organizaciones humanitarias.
Según Swire, «el mundo se dirige a una abolición de la pena de muerte y el Gobierno británico está decidido a que así ocurra. Esta es nuestra política, así que le pido a Japón que escuche a sus socios internacionales y reabra un debate público».
El representante del Foreign Office señaló además que, aunque es «consciente de la gravedad» de los delitos cometidos por los reos -dos miembros de la Yakuza o mafia japonesa que asesinaron a dos rivales a tiros-, «no hay ninguna prueba de que la pena de muerte tenga efectos disuasorios» y cualquier error judicial es «irreversible e irreparable».
Japón es junto con Estados Unidos el único país industrializado y democrático que aún aplica la pena de muerte, que lleva a cabo en la horca en el mayor de los secretos, sin aviso previo a los condenados y también sin testigos.
