Los Defensores del Pueblo de los países de América Latina denunciaron este jueves en Lima la situación de pobreza y discriminación que afectan a los pueblos indígenas en la región, en una declaración al final de un cónclave de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO).
«Aún subsisten situaciones de vulneración de los derechos de los pueblos indígenas por la subsistencia de condiciones estructurales de pobreza, exclusión y discriminación que generan afectaciones a sus derechos», expresó la declaración.
Los ombudsman de la región se reunieron en la capital peruana para tratar el tema «El derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas: el rol de los ombudsman en América Latina».
Al concluir sus deliberaciones se comprometieron a «incrementar sus esfuerzos en la promoción de los derechos de los pueblos indígenas y en especial el derecho a la consulta previa».
«Consideramos que garantizar el derecho a la consulta previa permite que los indígenas formen parte del proceso de decisión de su propio desarrollo, sus formas de vida y su bienestar», subrayaron.
El Defensor del Pueblo de la Nación Argentina, Anselmo Sella, a la vez presidente de la FIO, dijo que las conclusiones de la cita están en concordancia con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.
El convenio de la OIT establece que la consulta previa es un derecho de las naciones indígenas que les permite ser consultados sobre temas que les conciernen, como el ingreso de empresas privadas a sus tierras para exploración y explotación de minerales o hidrocarburos.
Sella subrayó que en América Latina hay una gran diversidad cultural que constituye un reto para los procesos de inclusión social, la consolidación de la gobernabilidad y los derechos humanos en la región.
Eduardo Vega, Defensor del Pueblo de Perú, estimó que el compromiso asumido en Lima les impone «supervisar que los estados realicen una adecuada implementación del derecho a la consulta previa e incorporen mejoras en las políticas públicas».
En América Latina habitan cerca de 40 millones de indígenas, que forman más de 500 pueblos «históricamente discriminados y excluidos del proceso de toma de decisiones», refirió.
