En 2008 un juez de Luisiana decidió confinar a John Houser en un hospital mental, tras recibir una denuncia de violencia familiar. Sin embargo, a pesar de estos antecedentes, al cabo de un tiempo recluido, al salir del hospital Houser pudo comprar legalmente un arma de fuego, y el 23 de julio la utilizó para matar a dos personas en una sala de cine, antes de suicidarse.
Apenas diez días después, un niño de tres años murió en otro estado norteamericano, Detroit, luego de que su hermano de 11 años le disparara en la cabeza mientras jugaban dentro de un vehículo con un arma de fuego, propiedad de su progenitor.
Como ya es recurrente cada cierto tiempo, estos dos hechos han puesto en la palestra, por enésima vez, la imperiosa necesidad de controlar y limitar el uso de las armas de fuego en EEUU, una nefasta realidad que además de empoderar a las bandas criminales dentro y fuera de Estados Unidos, contribuye al asesinato de personas y animales (muchos de estos últimos en peligro de extinción); ya sea que se trate de crímenes violentos o ajustes de cuentas, guerras, cacerías o accidentes como los que aquí se comenta. En resumidas cuentas, un infame negocio de muerte y de violencia, auspiciado por la Asociación Nacional del Rifle (NRA), cuyo principal motor es el amor al dinero.
