Los grupos criminales que delinquen con carburantes en el país modernizan sus modos operativos con una planificación que va desde la logística hasta la construcción de instrumentos para cometer el ilícito. Para la ANH esta actividad es el “contrabando corporativo”.
El titular de la Dirección de Operaciones de Interdicción de Hidrocarburos (DOIH), de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Jaime Cuéllar, explicó a La Razón que conforme mejora la tecnología que se implementa para desbaratar a clanes familiares, también “los delincuentes” mejoran sus estrategias y organizaciones para cometer delitos.
“Los clanes familiares son bandas criminales organizadas corporativamente, porque se ha identificado que tienen un staff (personal o equipo) que se encarga de la logística, otro que se encarga de la seguridad física y transporte, y uno importante, que es el que se encarga de la seguridad jurídica en caso de que caigan (los aprehendan). Es un ‘contrabando corporativo’ y lo que hacemos es desbaratar esas bandas”, explicó.
Los “clanes familiares” son un punto en el que enfatizó el funcionario, ya que ese tipo de organizaciones se identificaron en “gran parte” de los ilícitos que se generan en el país con relación al tráfico de carburantes.
“Podemos mencionar al Clan Nina del municipio de Desaguadero (La Paz), como ejemplo, ya que solo uno de sus integrantes contaba con hasta siete casas ubicadas frente a frente en ese mismo lugar, pero además se han podido secuestrar unos 12 motorizados a este mismo grupo”, señaló.
Cuéllar destacó que el contrabando de diésel y gasolina “es un negocio rentable, pero dañino para el país”, al estar éstos subvencionados. Solo en las fronteras, los precios de los combustibles se incrementan en hasta el triple del valor; dentro del territorio boliviano, el litro de gasolina está a Bs 3,74; la gasolina especial, Bs 4,79; y el diésel con Bs 3,72.
Destacó que en otros casos hay grupos delincuenciales que se dedican a elaborar herramientas para transportar los combustibles. “La fabricación de tanques metálicos rústicos era el negocio de una familia que se dedicaba a elaborarlos y comercializarlos para el transporte de gasolina y diésel de contrabando”.
Hay otras formas para cometer estos delitos, pero los trabajos de Inteligencia que lleva a cabo la ANH permiten actuar e intervenir en el acto, dijo.
“En un operativo que fue planificado durante siete meses y se realizó a principios de año en Desaguadero, se desbarató varios clanes familiares que se dedicaban al contrabando”, informó el funcionario.
El Director de la DOIH indicó que una de las formas de combatir este “daño económico” es la implementación de nuevos sistemas operativos de control como los drones (para vigilancia aérea) y el lector RFID (Sistemas Control de Acceso y Productos), que identifica a los vehículos que cuentan con etiquetas del B-Sisa a una distancia de 25 metros, registrando la información básica.
En lo que va de esta gestión, la ANH incautó 550.000 litros de gasolina y diésel, 38,7% menos que en similar periodo de 2014, debido a que ahora hay más controles de la entidad.
“No es que estemos trabajando menos, la eficacia de nuestros operativos hace que los delincuentes teman realizar los ilícitos. Al trabajar con la Ley 100 y al ser una norma draconiana que incauta bienes de los delincuentes y poner en riesgo su libertad, los contrabandistas lo piensan dos veces antes de cometer los delitos”, indicó.
En ese periodo se secuestraron 250 vehículos, cerca de 150.000 cilindros de Gas Licuado de Petroleo (GLP) y 210 tanques adicionales.
De acuerdo con la ANH, en el occidente del país (fronteras con Chile y Perú) la actividad ilegal tiene como destino el contrabando, mientras que en el resto del país está dirigida a la explotación ilegal de oro, madera y al narcotráfico (como precursor).
La DOIH realiza coordinación y trabaja con la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), la Autoridad de Bosques y Tierras y el control Operativo Aduanero (COA).
Sanciones por laley 100
Penal
La Ley 100 de Desarrollo y Seguridad Fronteriza, promulgada en 2011 y que incorpora a la norma el artículo 226 del Código Penal, establece que la persona que “almacene o comercialice diésel, gasolina o GLP, sin estar autorizada por la entidad competente, será sancionada con la privación de libertad de tres a seis años y la confiscación de los bienes e instrumentos para la comisión del delito”.
Decomisan cisterna en Tarija
Un camión cisterna fue secuestrado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en Tarija. El vehículo transportaba carburante de contrabando que tenía como destino Paraguay, informó el director de la DOIH, unidad de esa entidad, Jaime Cuéllar.
El funcionario de la Dirección de Operaciones de Interdicción de Hidrocarburos (DOIH) explicó que el viernes por la noche un vehículo de alto tonelaje fue detenido, tras ser identificado con la pistola RFDI (Sistemas Control de Acceso y Productos) por irregularidades al momento de la carga de combustible en Villa Montes.
Con las cámaras de vigilancia, que cuentan las estaciones de servicio a tiempo real y que son monitoreadas desde las instalaciones de la fiscalizadora durante las 24 horas, se alertó al personal de la ANH en Yacuiba (Tarija), por la “gran cantidad de carga” que no contaba con los documentos que justifiquen la compra de acuerdo con lo que dice la Ley 100.
Cuéllar explicó que el cisterna con placa de control 2112 EHT no contaba con la hoja de ruta ni las autorizaciones de compra local. “Esto se hizo efectivo gracias al constante monitoreo que se realiza desde el centro de control que tenemos en las instalaciones de la ANH”, manifestó.
El carburante ya fue entregado a la planta de engarrafado de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en la zona comercial de Villa Montes, según lo que dispone la Ley de Desarrollo y Seguridad Fronteriza, sobre la incautación de carburantes.
