Cada día en Bolivia, la Policía atiende al menos cinco casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en el entorno familiar y las escuelas. En los últimos seis años, en el departamento de La Paz se presentaron 62 procesos contra agresores sexuales, la mayoría profesores, en el sistema educativo, pero solo dos tienen sentencia y están en la cárcel.
En el resto de los procesos, los acusados lograron un acuerdo económico con las familias de las víctimas, no se pudo comprobar la denuncia, hubo desistimiento por falta de recursos o simplemente huyeron, por lo que los casos quedan en la impunidad, y varios de los profesores vuelven a dar clases como si nada hubiera pasado.
Estos datos fueron recabados por Informe La Razón de las entidades responsables de tratar las denuncias, Policía, Ministerio de Educación y las que trabajan en la problemática para luego verificar los casos en una visita a comunidades del altiplano paceño. Se evidenció que las unidades educativas del área rural presentan más casos de violencia sexual, el doble con relación a las urbanas, pero estas agresiones no son exclusivas de la condición social o geográfica.
Con toda la información, presentamos los seis factores que generan la impunidad en los procesos judiciales y develamos los daños que sufren las víctimas desde lo físico, emocional y conductual. Asimismo, realizamos una guía práctica y gráfica para prevenir e identificar las situaciones de agresiones sexuales.
Ante una justicia contaminada por la corrupción y burocracia, planteamos la problemática a las autoridades gubernamentales que tienen la labor de reformar las normas para agilizar los procesos y priorizar la defensa de las víctimas.
