Eso que con tanto entusiasmo y propaganda hace el Gobierno al culpar a todos —la derecha, la oposición, el neoliberalismo o Estados Unidos— sobre las motivaciones políticas de las protestas sociales tiene algo en común: están vinculadas a un interés político (verdad de Perogrullo por más cívicas que sean), y siempre derivan en el campo político.
Pierre Bordieu decía que “hay una génesis del campo político, una historia social del nacimiento del campo político”. Así recalaron en nuestra política criolla viejos dirigentes sindicales y sociales como el mismo Evo Morales, de quien en los años 90 creíamos que su liderazgo se circunscribía solamente a las luchas del movimiento cocalero. Y miren dónde llegó, con qué “armas”, con qué fines, a costa de quiénes y con qué causas.
Como el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, nacido en las acciones cívicas, o el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Pedro Montes, del sindicato minero y la Central Obrera Boliviana (COB). O como el gobernador de Cochabamba, Iván Canelas, aunque de un viejo liderazgo en el sindicato de la prensa, y el poco recordado exalcalde de El Alto Édgar Patana, de la Central Obrera Regional (COR) de esa ciudad…
En las últimas semanas, un poco conocido Jhonny Llally, presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), irrumpió en ese campo político. De profesión taxista y experiencia sindical en ese gremio, el dirigente fue el hombre incómodo del gobierno de Morales durante 24 días de movilizaciones en La Paz y en Potosí.
Las autoridades del Órgano Ejecutivo, y el mismo Presidente, lo tildaron de coordinar sus acciones con la oposición, incluso bajo intereses chilenos. Aquél se defendió y dijo que nadie lo impulsa, sino las demandas desatendidas durante varios años por Morales y su gobierno.
Ofreciéndole el beneficio de la duda, Llally no tiene otros fines políticos, como en su momento negó su antecesor, Celestino Condori, quien en 2010 lideró una protesta cívica que duró 19 días de paro. Quizás invitado, y con todo el derecho, el exdirigente es ahora asesor del gobernador de La Paz, Félix Patzi, elegido en marzo bajo la sigla Soberanía y Libertad (Sol.bo), del alcalde Luis Revilla.
Así también emergió Rafael Quispe, otrora mallku del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) y asérrimo detractor de la administración de Morales. Afianzó su perfil con su apoyo a la marcha por el Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), que entre agosto y octubre de 2012 ocasionaron un quiebre entre el Gobierno y el movimiento indígena que lo respaldó. Ahora es diputado de Unidad Demócrata (UD), la alianza política de Samuel Doria Medina y Rubén Costas.
Morales, Montes, Condori, Quispe… La lista es larga y su argumento es coincidentemente único mientras fueron o son dirigentes: no tengo fines políticos. Llally se desmarca de ese grupo, tiene razón ahora en rechazar las acusaciones en su contra. No va a ser el Gobierno el que le apunte con el dedo mientras responde al movimiento cívico. El tiempo dirá dónde recala después.
