Las Defensorías Municipales de la Niñez y la Adolescencia se crearon en 1997 para promover, proteger y defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Las Defensorías brindan a la comunidad un servicio municipal, permanente, público y gratuito.
Lamentablemente, los datos sobre agresiones sexuales sufridas por menores en el área rural no dejan de ser preocupantes.
Recientemente los departamentos que registran más casos hasta el primer trimestre de esta gestión, de acuerdo con el Sistema Educativo Plurinacional (sep), son La Paz, Santa Cruz y Tarija, a esto se suma la alarmante cifra que refleja que, según datos de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Educación, la cantidad total de denuncias reportadas en nuestro país de agosto de 2012 a marzo de 2015 llega a 132.
Debemos reconocer que estas cifras no reflejan el total de casos, ya que en muchas ocasiones, cientos de estas agresiones son manejadas en reserva por los familiares, quienes lamentablemente, por lo general, prefieren ignorar este tipo de delitos, todo por temor a la desintegración familiar o la dependencia económica y, en algunos casos, por la propia irresponsabilidad de los progenitores, quienes pusieron en riesgo a sus propios hijos, y son corresponsables en alguna medida.Los casos de agresión se presentan mayoritariamente en el propio hogar, además de los establecimientos educativos.
Los menores que son agredidos sexualmente, son revictimizados, ya que para el esclarecimiento de los hechos, deben revivir los recuerdos traumáticos, a esto se suma la impunidad que hace que la pesadilla vivida no tenga fin.
Según un reportaje publicado por La Razón, al menos existirían seis causas que llevan a que los agresores, en la mayoría de los casos protagonizado por los propios maestros, estos gocen de impunidad.
Según la Defensor del Pueblo (dna), e instituciones y ongs que trabajan a favor de la infancia y adolescencia, se trataría de la retardación de justicia; la falta de personal y equipamiento para la investigación en regiones alejadas; los “acuerdos económicos” entre el agresor y la familia de la víctima, y la protección que recibe el acusado; la falta de pruebas para comprobar las denuncias de tentativas de violación y toques impúdicos; la huida del profesor y la falta de seguimiento a las denuncias; y la falta de dinero y de conocimiento sobre leyes de la familia de la víctima, las que influyen en que no se resuelvan los casos de agresión sexual.
De acuerdo con el Código Penal, el que cometiera violencia sexual contra un menor de edad recibirá de 20 a 25 años de prisión y si existe muerte, hasta 30 años, entonces, al tratarse de abuso sexual, la pena es de 10 a 15 años; en el caso de estupro, de dos a seis y; finalmente, abuso deshonesto, de uno a tres años.Las Ley es clara, pero parece que no es suficiente, cuánto de estos casos se evitarían si existiera la voluntad, no solo de las instituciones que tienen la obligación en el cuidado y defensa de la niñez, sino que los propios padres tomen conciencia del peligro al que exponen a sus hijos, más aún en el área rural, donde la presencia de instituciones encargadas de proteger a la infancia y adolescencia, ve limitado su trabajo, ya sea por factores de distancia y, en muchos casos, de presupuesto.
Es hora de que miremos lo que sucede más allá de la ciudad, que lo originario campesino, no sea solo una tarea en áreas económicas o culturales, sino que el Estado, las Defensorías Municipales de la Niñez y la Adolescencia, redoblen sus esfuerzos y extiendan su brazo hacia los rincones más lejanos. Todavía es tiempo.
