Mediante una carta dirigida al Comité Ejecutivo, Carlos Chávez ratificó ayer que no ha renunciado a la presidencia de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), y que seguirá ejerciendo su cargo en apego a la norma vigente. Con copias de la carta dirigidas a la FIFA y a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), el dirigente advirtió que denunciará y hará conocer a las instancias correspondientes cualquier condición que se determine respecto a su situación y que no esté prevista en el ordenamiento jurídico.
Chávez remitió la carta, fechada en Santa Cruz el 11 de agosto de 2015, “ante los diversos trascendidos públicos relacionados con la política administrativa que el nuevo Comité Ejecutivo de la FBF pretende encauzar como consecuencia de la elección de un nuevo presidente de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano y la nominación de otro Comité Ejecutivo en la Asociación Nacional de Fútbol (ANF), revocando los mandatos del actual presidente”.
Hizo alusión a la elección de Marco Ortega como presidente de la Liga, sin poner ningún reparo; en cambio, al anotar “la nominación de otro Comité Ejecutivo” de la ANF, dio a entender que no reconoce a éste por la forma que utilizó para desconocer al presidente Jorge Justiniano y elegir a Freddy Cortez en su lugar.
La ANF, siguiendo sus atribuciones, también eligió a Wálter Torrico como secretario general de la FBF, tras la renuncia irrevocable de Pedro Zambrano. Chávez hace notar “la vigencia indiscutible del Estatuto y su Reglamento de la FBF, cuyas normas son de cumplimiento obligatorio en toda forma de derecho”.
Para respaldar su postura, el presidente de la FBF invoca “lo expresamente establecido en el artículo 26, inciso g) del Estatuto Orgánico de la FBF”, que señala que “es atribución del Congreso Extraordinario… otorgar poderes especiales al Presidente y Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol…(sic), el cual viene aparejado de manera natural e indisoluble con la elección del presidente en Congreso Ordinario”, y menciona otros artículos e incisos tanto del Estatuto como del Reglamento del Estatuto de la FBF.
En el marco de una investigación iniciada por la Fiscalía General del Estado, Carlos Chávez está con detención preventiva en el penal de Palmasola de Santa Cruz acusado por supuestamente haber cometido los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, organización criminal, uso indebido de influencias, beneficios en relación al cargo, delitos tributarios y estafa con agravantes con víctimas múltiples.
Por esa situación, el Comité Ejecutivo trata de, en ausencia de Chávez, tomar todo el control del manejo de la Federación, incluyendo el movimiento de cuentas bancarias. Hasta ahora, éstas responden a las firmas de Chávez y del secretario ejecutivo de la FBF, Alberto Lozada, quien está en la misma situación legal que el presidente.
“En estricto cumplimiento de las reglas mencionadas, advierto a ustedes (los miembros del Comité Ejecutivo), que cualquier intento de restringir mi derecho natural de representación de la FBF, como la revocatoria de mi poder y facultades de otorgar mandato a terceros para la realización de actos propios de la FBF, serán nulos de pleno derecho y los actos que se realicen en función de los mismos ilegales y sin efecto ni valor alguno, sujeto a las consecuencias y responsabilidades legales correspondientes”, agrega Chávez en su carta.
Por último, “no habiendo mi persona renunciado en ningún momento a mi cargo de presidente de la FBF, no obstante de hallarme momentáneamente impedido de locomoción por las razones que son de conocimiento general, ejerzo y ejerceré mi cargo en fiel cumplimiento a lo establecido en nuestra normativa deportiva vigente y cualquier condición que se determine que no esté prevista en nuestro ordenamiento jurídico lo denunciaré y haré conocer a las instancias que correspondan”.
Casi tres semanas del caso
Aprehensión
Carlos Chávez fue aprehendido el viernes 17 de julio en Sucre, tras presentarse a declarar ante el Ministerio Público dentro de una investigación de oficio iniciada por la Fiscalía General del Estado. Ese mismo día fue aprehendido Alberto Lozada.
Detención
El miércoles 22, el juez 5º de Instrucción en lo Penal de Chuquisaca, Roberto Valdiviezo, ordenó la detención domiciliaria de Lozada y la detención preventiva de Chávez en el penal de Palmasola, de Santa Cruz, donde ingresó al día siguiente.
Advertencia
El 5 de agosto, en medio de la solicitud de apelación de Chávez y Lozada, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, se dirigió a los vocales del órgano judicial instándoles a cumplir con la ley: “No quisiéramos pensar que existen presiones de otro tipo para actuar fuera del marco de la ley, si es que así lo hacen el Ministerio Público actuará también contra estos señores que prevariquen”.
Al penal
Ayer, cerca de las 17.45, Alberto Lozada fue trasladado de su domicilio al penal de Palmasola, cumpliendo con la orden de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.
Alberto Lozada es enviado a Palmasola
Yuvert Donoso
La Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca revocó la detención domiciliaria del secretario ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Alberto Lozada, y resolvió su detención preventiva en el penal de Palmasola de Santa Cruz. Asimismo, ratificó la detención preventiva del presidente de la FBF, Carlos Chávez.
Después de que tres vocales coincidieron en sus resoluciones, el cuarto, Iván Sandoval, convocado para dirimir, respaldó los argumentos jurídicos de su colega Hugo Córdova, quien consideró que Chávez debe mantenerse en Palmasola, mientras que Lozada debe cambiar de situación jurídica de una detención domiciliaria a una detención preventiva.
Una semana antes, la vocal Elena Lowenthal consideró que la detención de ambos dirigentes era una medida exagerada y estableció que las leyes bolivianas señalan que los hechos de corrupción están vinculados específicamente a funcionarios públicos y, en este caso, Chávez y Lozada no son empleados. De su lado, su colega, Sandra Molina, era de la posición de ratificar la detención preventiva de Chávez y la detención domiciliaria de Lozada. El abogado Jaime Tapia, que representa a Carlos Chávez, calificó el fallo de ilegal y arbitrario y anunció que presentará una acción de libertad.
En el marco de la investigación penal, Jorge Justiniano y Pedro Zambrano, exmiembros del Comité Ejecutivo de la FBF, tienen detención preventiva, mientras que el presidente de la Asociación Cruceña de Fútbol (ACF), Pablo Salomón y el jefe de contabilidad de la FBF, Armando Canedo, están con detención domiciliaria.
