La conquista de los derechos colectivos de los pueblos indígenas ya ha sido inscrita en la legislación internacional, con la consulta previa que los Estados u organizaciones privadas o transnacionales están obligadas a realizar a dichos pueblos si pretenden explorar o explotar recursos naturales no renovables en sus territorios.
Cada país en su proceso de modernización, y particularmente en su idea de construcción del Estado nacional, ha expandido su presencia estatal al conjunto de su territorio, en algunos casos avasallando territorios indígenas y no solo eso, sino exterminándolos. Como en Estados Unidos, donde los pueblos indígenas terminaron en reservas con alguna ventaja económica como los casinos libres de impuestos, todo a cambio del avasallamiento estatal de su territorio.
En Canadá, en cambio, se elaboró una legislación de respeto pleno a los derechos indígenas en el marco de la coordinación estatal. Es una experiencia importante en el campo de la consulta previa. Basados en ésta podemos decir que el encuentro entre la diversidad cultural es posible siempre y cuando las partes entiendan que sus propias formas de ver la realidad y su relación con la naturaleza es claramente diferenciada, pero que se puede llegar a acuerdos que permitan que todos tengan una parte de la verdad y el encuentro sea una forma de construir de la interculturalidad del propio Estado.
En Bolivia, el proceso de construcción del llamado Estado nacional fue siempre una tarea inconclusa, por cuanto los sectores dominantes no pudieron exterminar a la gran mayoría indígena pobladora originaria de la territorialidad, optando por su explotación y permanente discriminación, lo que hizo de este país uno de los que concentraron las mayores diferencias económicas y raciales.
Para la oligarquía, el avasallamiento territorial fue una tarea sostenida históricamente, así como la explotación y discriminación de la mayoría indígena; por tanto, la explotación de los recursos naturales no tuvo por mucho tiempo una contraparte legislativa; lo único que había era la permanente resistencia de los pueblos indígenas.
A nivel internacional, sin embargo, y producto del levantamiento de los pueblos indígenas contra el avasallamiento de los grupos de poder nacionales, se generó una conciencia democrática sobre la necesidad de poner límites a dicha agresión y, además, la de contar con la aquiescencia de los propios pueblos para la explotación de los recursos naturales. De esta manera, en el caso boliviano y con la presencia de las transnacionales se desarrollaron procesos de consulta con pueblos indígenas para efectuar la explotación petrolera, sobre todo en determinadas partes del territorio, que no casualmente tenían como propietario ancestral a algún pueblo indígena. En palabras de un viejo responsable de la consulta en YPFB, “se negociaba con los dirigentes indígenas, cuánto debíamos pagar para expoliar su territorio”; de esta manera, también se buscaba corromper a las dirigencias ofreciendo prebendas a cambio de su aprobación. Así, la consulta era una formalidad que casi siempre acababa en una nueva forma de acción colonizadora, es decir, con la apropiación del recurso natural a cambio de “espejos y cuencas de vidrio”. Lo más extraño de este testimonio que recibimos es que el mismo funcionario también decía que este proceder en algunos casos había contribuido a la democratización de ciertas dirigencias indígenas, puesto que antes éstas eran vitalicias y hereditarias, pero a partir del manejo de recursos, las comunidades pugnaron por la elección rotativa de los dirigentes. Se refería a casos particulares, no sujetos a generalización.
Bolivia avanzó en el respeto a los derechos colectivos relacionados con la territorialidad, mucho más que otros países, con el reconocimiento legal de territorios indígenas sujetos a una legislación particular; no obstante, este reconocimiento, que tuvo como marco histórico la movilización de los pueblos indígenas, también contaba con la anuencia de grandes transnacionales del medio ambiente, que abogaban por la plena preservación territorial desde una perspectiva mundial de preservación medioambiental y de los recursos naturales. Una reserva para el mundo, pero principalmente para los intereses de los países del primer mundo que ya tienen muy poco que conservar producto de su proceso salvaje de industrialización.
Ya en el proceso que vivimos con el presidente Evo Morales y con una nueva Constitución, se desarrolló la primera consulta previa en el marco de un territorio indígena como es el TIPNIS, con el objeto de preguntar sobre la construcción de una carretera que pase por ese territorio indígena. A pesar de los conflictos que hasta ahora son utilizados políticamente, podemos decir que en el país y en este nuevo marco constitucional, por primera vez una obra de la envergadura de esa carretera es detenida producto de la consulta, que llevó al Estado al compromiso con los pueblos indígenas de que para llevar adelante su proyecto, debía contemplar los acuerdos adquiridos en la consulta, efectuada por lo demás en el marco de la democracia comunitaria. Hoy se plantea nuevamente el proyecto, pero para avanzar seguramente los pueblos de la región tendrán la palabra para decir cuánto de los compromisos asumidos por el Estado fueron cumplidos, para ahora sí discutir las condiciones en las que se construiría dicha carretera.
Esto nos sirve de ejemplo para reflexionar hacia adelante sobre la importancia de lograr un equilibrio en la consulta previa, entre los intereses propuestos por el Estado Plurinacional y la vida-territorialidad propia de cada pueblo que constitucionalmente hemos asumido como naciones componentes de este nuevo Estado. Es decir, que no debemos relegarnos al papel de “guardabosques de nuestra propia riqueza, por intereses del primer mundo, mientras la mayoría de la población carece de los recursos suficientes para sustentar la vida”, como mencionó el Vicepresidente; ni tampoco se puede asumir el papel que varios Estados latinoamericanos han realizado de avasallar y continuar el proceso de expoliación territorial de los pueblos indígenas rumbo a su exterminio, bajo la justificación de que la modernización no se debe detener.
En definitiva, el anteproyecto de ley de consulta previa, que ya está para su tratamiento luego de decenas de asambleas y consultas con los pueblos indígenas, deberá contemplar aquél necesario equilibrio entre el Estado Plurinacional y la forma alternativa de entender el desarrollo basado en el Vivir Bien de nuestros pueblos.
