El lunes, un efectivo policial murió en un enfrentamiento entre comunarios y miembros del orden que buscan efectivizar una orden judicial que instruía el desalojo de una mina de oro en la población paceña de Tacacoma, que había sido avasallada recientemente por los pobladores, quienes exigen la concesión del yacimiento, pese que ésta ya fue otorgada a cooperativistas mineros.
La sociedad boliviana es altamente intolerante a los decesos de la población civil a manos de fuerzas del orden cuando se trata de enfrentamientos en conflictos sociales. Y así debe ser, pues está en juego la valoración de la vida humana. Más de un episodio de la historia reciente cambió de curso por una sola muerte civil ocasionada por las fuerzas de seguridad. Las expresiones de la ira popular son realmente temibles en estos casos. Sin embargo, no ocurre lo mismo cuando se trata del fallecimiento de un efectivo del orden a manos de alguna organización civil, como sucedió en Tacacoma.
Conocemos de sobra las muchas limitaciones y deficiencias de la Policía, que se constituyen en caldo de cultivo de corrupción y abuso, y se manifiestan en escándalos de magnitud variable. Pero, ¿es por ello menos valiosa la vida de un uniformado?
También preocupa el hecho de que no se den manifestaciones de rechazo cuando algún ciudadano muere mientras está en custodia de las fuerzas del orden. Como mucho, alguna organización de defensa de los derechos humanos presenta un pronunciamiento al respecto; y la prensa, haciendo una autocrítica, tampoco hace seguimientos muy rigurosos a este tipo de noticias.
Regresando a las muertes en conflictos sociales, huelga señalar que cuando dos organizaciones de la sociedad civil se enfrentan y el conflicto causa muertos, tampoco sentimos una reacción social de ira o una indignación generalizada. ¿Y qué pasa con las muertes en las carreteras? En los últimos días se han registrado decenas de fallecimientos por causa de la negligencia criminal de choferes del servicio público que han trabajado en estado de ebriedad, con el agravante de que en uno de los últimos accidentes el conductor y su ayudante violaron a una muchacha que viajaba subrepticiamente en la maletera.
Así, esporádicamente surge la noticia de que tal o cual pequeño grupo de huérfanos o viudas de víctimas de alguna conmoción social, accidente de tránsito u otro desastre social peregrinan por las oficinas estatales sin encontrar justicia, apoyo y mucho menos el servicio que las instancias estatales están obligadas por ley a proporcionarles.
De alguna manera, la sociedad en general y lamentablemente también las autoridades estatales se han acostumbrado a jerarquizar las muertes: el deceso de un participante en cualquier conflicto social tiene más relevancia que cualquier otro fallecimiento; eso sí, siempre y cuando las fuerzas de seguridad sean las responsables.
