Solo uno de cada diez trabajadores cuenta con un empleo digno en Bolivia, según estudios de expertos que apuestan por políticas que potencien la clave de una ocupación de calidad que reduzca la pobreza y genere un mayor desarrollo: la productividad.
El trabajo digno, según la Constitución, implica tener una fuente de trabajo estable, sobre todo para generar ingresos continuos y adecuados para el sustento familiar, con acceso a la protección social (sistema de pensiones y seguros de salud, riesgos laborales y desempleo), seguridad para la integridad física en el lugar de trabajo y libertad para crear sindicatos para mejorar las condiciones laborales.
Especialistas subrayan que el ingreso percibido en este tipo de empleo debe alcanzar para cubrir una canasta básica de satisfacción de consumo de bienes y servicios, indicador esencial que permite definir si un hogar es pobre o no. Información oficial da cuenta de que en 1999 el 64,7% de la población tenía un ingreso del hogar per cápita menor al costo de esta canasta básica, porcentaje que llegó a 43,3% en 2012.
“No hay un indicador exacto de empleos dignos. Sin embargo, una forma de aproximarnos a ellos es a partir de la cobertura de algunas variables. Por ejemplo, en 2013, según la Encuesta de Hogares del INE, las personas que declaran que cuentan al mismo tiempo con seguro de salud, afiliación a las AFP y un trabajo estable representan menos del 10% de los trabajadores en Bolivia”, dijo Beatriz Muriel, investigadora de la Fundación Inesad, una de las instituciones de investigación más destacadas de Bolivia y América Latina.
Bolivia tiene 10,02 millones de habitantes, de los cuales 7,8 millones están en edad de trabajar: 4,6 millones (59,4%) tienen empleo y 3,2 millones (40,6%) están calificados como población económicamente inactiva, de acuerdo con el INE.
Hasta 2012, “solamente el 9% de los trabajadores contaba con todos los beneficios” establecidos por ley, subrayó Manuel Urquidi, especialista senior en la Unidad de Mercados Laborales y Seguridad Social del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
“Según las encuestas que hicimos en 2011 y 2012 en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y El Alto, el 84% de la población ocupada no cuenta con un empleo digno, y solo 6 de cada 100 jóvenes y 10 de cada 100 mujeres gozaba de un trabajo de calidad. Estas cifras nos muestran la precariedad laboral en la que vivimos hoy en el país”, afirmó Bruno Rojas, investigador de la Unidad de Empleo y Derechos Laborales del CEDLA.
En noviembre de 2014, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que hasta el cierre de esta edición no respondió las consultas sobre este tema realizadas por este medio, informó que entre 2006 y 2013 en el país se crearon medio millón de nuevos empleos a través de políticas que coadyuvaron a que Bolivia tenga el año pasado la tasa más baja de desempleo en América Latina (3,5%).
“La mayoría de los asalariados tiene ingresos bajos y casi todos los no asalariados están en la informalidad”, sostuvo Urquidi.
“La dinámica económica de los últimos tiempos ha promovido en buena medida las actividades y los empleos informales, mientras que aquellas empresas formales, que son las candidatas a generar empleos de calidad, han quedado rezagadas”, sostuvo a su vez la experta del Inesad, institución que sostiene en base a datos oficiales a 2012 que el 39,3% de los trabajadores son asalariados y el 60,3% son independientes o trabajadores por cuenta propia, es decir, comerciantes, artesanos, obreros y choferes, entre otros.
Ocupación. “Los sectores más intensivos en mano de obra coinciden con los trabajos más informales: agricultura, caza, silvicultura y pesca; servicios sociales y comunales; y comercio”, subrayó Urquidi.
Un informe del Inesad indica que el 42,5% de los pobres del país se dedica a la agricultura, el 17,6% a comercio y restaurantes, el 9,7% a manufacturas, el 8,9% a construcción, el 8,1% a servicios sociales y otros, el 6,6% a transporte y comunicaciones, el 2,7% a servicios financieros y empresariales, el 2% a la administración pública, el 1,5% a hidrocarburos y minería y el 0,5% a electricidad, gas y agua.
“La economía que tenemos en el país, de explotación y exportación de materias primas y el bajo desarrollo industrial impulsan el crecimiento de actividades muy básicas como el comercio, los servicios, el transporte y la construcción, donde se generan empleos precarios”, explicó Rojas.
Para Muriel, la falta de trabajo digno responde a los “muy altos costos de formalización, burocráticos y tributarios, que contribuyen a que muchas unidades productivas permanezcan en la informalidad; al aumento de los costos laborales, que han limitado la contratación de trabajadores bajo esquemas formales; y a las tímidas políticas públicas de apoyo efectivo al desarrollo productivo, ya que los emprendimientos se quedan en un esquema de baja productividad e informalidad, sin poder generar empleos de calidad”.
“Las políticas de Estado y de las empresas deberían apuntar a la capacitación de los trabajadores y a la mejora tecnológica” más que a la formalización de las unidades productivas, consideró Urquidi.
Datos del BID muestran que el nivel de capacidad para producir de Bolivia es el más bajo de América, un problema que está asociado al acceso a la tecnología, a la calidad del capital humano y a la informalidad, entre otros. “Necesitamos un país con trabajadores más productivos. Si subimos la productividad del trabajador boliviano al promedio regional, ese empleado producirá el doble; si produce el doble, la empresa gana el doble y paga mejor a sus empleados; y si la empresa gana el doble, duplica su pago de impuestos y el país crece un tanto más”, aseveró Urquidi.
